El Ministerio de Hacienda propuso gravar las transacciones digitales realizadas a través de la nueva plataforma del Banco de la República, lo que podría frenar su expansión y afectar a billeteras como Nequi y Daviplata.
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
A solo tres semanas de su lanzamiento, la plataforma Bre-B —el sistema de pagos inmediatos impulsado por el Banco de la República— enfrenta su primer gran obstáculo. El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto que busca aplicar retención en la fuente a las operaciones por medios digitales, lo que impactaría directamente a Bre-B y a otras billeteras electrónicas.
La iniciativa surge en medio de las dificultades del Gobierno para conseguir recursos fiscales y financiar su agenda social. Con el Congreso frenando la ley de financiamiento, el Ejecutivo busca nuevas fuentes de ingreso y, según el Ministerio, pretende “equiparar la cancha” en materia tributaria entre los distintos sistemas de pago.
Actualmente, los comercios que reciben pagos con tarjetas de crédito o débito deben asumir una retención del 1,5 % sobre las ventas sujetas al impuesto de renta. El Gobierno propone extender esa tarifa a quienes reciban dinero mediante transferencias electrónicas, códigos QR o plataformas digitales, entre ellas Bre-B, nacida para reducir costos y promover la inclusión financiera.
Según Hacienda, los nuevos métodos de pago han transformado el consumo en el país, por lo que resulta necesario actualizar la regulación. Sin embargo, el sector financiero y tecnológico critica la medida, advirtiendo que podría neutralizar los avances logrados en innovación y bancarización.
“Una medida que puede matar la innovación”
Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, calificó la propuesta como “de inmensa gravedad”. A su juicio, gravar las transacciones digitales, aunque afecte a los comercios, desincentiva el uso de plataformas modernas y frena la digitalización de la economía.
“El proyecto es un error monumental. En otros países se ha demostrado que imponer impuestos a estos sistemas termina por eliminar sus beneficios. En Colombia, un sistema como Bre-B apenas está naciendo y ya quieren matarlo vía tributación”, advirtió Santos.
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El dirigente gremial recordó el caso de Brasil, cuyo sistema de pagos inmediatos PIX fue modelo para Bre-B. En ese país, las autoridades prohibieron gravar las transacciones digitales, lo que permitió su expansión a más de 70 millones de personas antes excluidas del sistema financiero.
“En Brasil, PIX transformó la economía popular. Generó competencia, redujo costos y fomentó la inclusión. Aquí, en cambio, estamos pensando en ordeñar la vaca cuando todavía no ha dado leche”, ironizó Santos.
Bre-B: un proyecto clave en riesgo
El Banco de la República tardó más de tres años en diseñar y poner en marcha Bre-B. Su propósito es interconectar a más de 200 entidades financieras —bancos, cooperativas y fintech— para permitir transferencias instantáneas, sin comisiones y desde cualquier aplicación.
Desde su lanzamiento el 6 de octubre, la plataforma ha mostrado rápida adopción. Según cifras del Emisor, al 21 de octubre ya se habían registrado 90,1 millones de llaves asociadas a 33 millones de usuarios que realizan giros y pagos en comercios de todo el país.
Aunque el Banco no se ha pronunciado oficialmente sobre el decreto, se sabe que los equipos técnicos evalúan el impacto que tendría el impuesto en la dinámica del sistema. Expertos advierten que la retención del 1,5 % podría hacer que los pequeños comercios prefieran volver al efectivo, frenando los esfuerzos por formalizar la economía.
“Si la medida se aprueba, será un retroceso. El país necesita más competencia, no más cargas. Bre-B podría ser una herramienta poderosa para reducir la informalidad, pero con este tipo de decisiones su impacto se vería limitado”, comentó un analista bancario.
Mientras el decreto se somete a comentarios, crecen las voces críticas. Para muchos, el riesgo no solo es financiero, sino simbólico: un proyecto creado para democratizar los pagos digitales podría convertirse en la primera víctima de la necesidad fiscal del propio Gobierno.
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