El ente acusador presentó recurso extraordinario de casación contra el fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe de los delitos de soborno y fraude procesal. La decisión reabre uno de los procesos judiciales más mediáticos del país.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
Después de que el Tribunal Superior de Bogotá declarara la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por presunto soborno de testigos y fraude procesal, la Fiscalía General de la Nación decidió interponer un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión podría marcar un nuevo capítulo en uno de los casos judiciales más relevantes de la historia reciente de Colombia.
El anuncio se conoció tras un análisis interno de la entidad dirigida por la fiscal general Luz Adriana Camargo, que evaluó los fundamentos de la sentencia absolutoria proferida por el Tribunal. Según se confirmó, el despacho de la fiscal delegada Marlenne Orjuela, que lidera el caso, tomó la determinación de acudir a la Corte Suprema, que deberá decidir si admite o no la revisión del expediente.
El recurso de casación, de carácter extraordinario, exige un alto rigor técnico y jurídico. En esta etapa, la Fiscalía deberá notificar oficialmente su decisión y, posteriormente, tendrá un mes para sustentar las razones por las cuales considera necesaria la intervención del alto tribunal. De ser admitido el recurso, la Sala Penal de la Corte contará con un plazo de hasta cinco años para tomar una decisión definitiva.
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La decisión del ente acusador se suma al anuncio previo de los representantes de las víctimas acreditadas, entre ellos el senador Iván Cepeda, quien confirmó que también acudirán al mismo recurso. “Anunciamos que apelaremos al recurso de la casación. Estudiaremos otros mecanismos, incluso acudir al sistema interamericano de derechos humanos. No lo hemos decidido, pero es una posibilidad”, expresó Cepeda tras conocerse el fallo absolutorio.
Por su parte, el abogado defensor del expresidente, Jaime Granados, aseguró que se encontraba a la espera de la determinación del ente investigador. “Confiamos plenamente en la solidez del fallo del Tribunal y en que la justicia confirmó la inocencia de mi defendido”, señaló.
El pasado martes, el Tribunal Superior de Bogotá declaró inocente a Álvaro Uribe Vélez, concluyendo que no existían pruebas suficientes para demostrar que hubiera instruido a su abogado, Diego Cadena, a visitar cárceles desde 2017 con el propósito de sobornar a exparamilitares como Carlos Enrique Vélez o Juan Guillermo Monsalve. Según la acusación, el objetivo habría sido que estos testigos se retractaran de declaraciones en las que vinculaban al expresidente con la creación del ‘Bloque Metro’ de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Antioquia.
“Ninguna prueba acreditó que Uribe Vélez hubiera determinado a Cadena para recaudar pruebas mediante ofrecimientos ilícitos”, señaló el fallo del Tribunal.
La sentencia, con ponencia del magistrado Manuel Antonio Merchán, revocó la condena de 12 años de prisión domiciliaria que en primera instancia había impuesto la jueza Sandra Liliana Heredia. En su momento, la funcionaria judicial dio plena credibilidad a la tesis de la Fiscalía, según la cual Uribe habría ordenado ofrecer beneficios a testigos para favorecer su defensa.
No obstante, los magistrados de segunda instancia consideraron que la jueza “incurrió en error al asumir que el interés del acusado en obtener pruebas lícitas equivalía a dolo determinador, interpretando falazmente recomendaciones de decir siempre la verdad como encargo ilícito sin evidencia”.
La decisión no fue unánime. La magistrada Leonor Oviedo salvó parcialmente su voto, al considerar que debía mantenerse la condena contra el expresidente. Sin embargo, sus compañeros de sala, los magistrados Merchán y Alexandra Ossa, respaldaron la absolución por falta de pruebas concluyentes.
Con el nuevo movimiento de la Fiscalía, el caso Uribe —que ha tenido un extenso recorrido judicial desde 2018— podría volver a estar en el centro del debate jurídico y político nacional, mientras la Corte Suprema estudia si hay mérito suficiente para revisar la decisión que dejó en libertad al exmandatario más influyente de los últimos tiempos en Colombia.
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