El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presentó una ponencia en la que propone declarar inexequible la Ley 2381 de 2024, mediante la cual se aprobó la reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Según el documento, el magistrado halló vicios de procedimiento en el trámite legislativo que no fueron subsanados en su paso por el Congreso de la República, pese a las órdenes previas de la Corte. La decisión final sobre el futuro de la reforma quedará en manos de la Sala Plena del alto tribunal.
Las razones de la ponencia
El análisis del magistrado Ibáñez se centra en una omisión durante el debate del articulado en la Cámara de Representantes, lo que —según su criterio— impidió que las minorías políticas pudieran ejercer plenamente su derecho a deliberar y presentar proposiciones.
En un pronunciamiento anterior (Auto A-841 de 2025), la Corte había identificado este vicio y ordenó a la Cámara volver a discutir y votar el texto del Senado, garantizando un debate amplio y transparente.
Sin embargo, durante las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio de 2025, la Cámara de Representantes solo debatió la proposición sustitutiva, pero se negó a discutir el articulado completo. Con 100 votos a favor y 11 en contra, la plenaria decidió no reabrir la discusión, lo que para el magistrado Ibáñez constituye un incumplimiento del mandato judicial y una repetición del vicio original.
Por ello, la ponencia concluye que se vulneró el principio de deliberación democrática y propone declarar la inconstitucionalidad total de la ley, lo que implicaría el hundimiento definitivo de la reforma pensional.
Implicaciones políticas y jurídicas
De ser acogida la ponencia, el fallo representaría un duro revés para el Gobierno Petro, que ha defendido la reforma como uno de los pilares de su agenda social. La discusión en la Corte está prevista para mediados de noviembre, pero el panorama no sería favorable para el Ejecutivo, dado que no todos los magistrados respaldarían la constitucionalidad de la norma.
La decisión que adopte la Corte Constitucional será determinante para el futuro del sistema pensional en Colombia y marcará un precedente sobre los límites del Congreso en la tramitación de proyectos de ley de alto impacto social.
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