El presidente Gustavo Petro ordenó que el oro incautado a narcotraficantes sea destinado a la atención médica de niños heridos en Gaza. La senadora María Fernanda Cabal calificó la medida como un “disparate” y anunció una demanda, argumentando que los recursos deben priorizar a los niños colombianos que padecen por falta de salud y medicamentos.
DIARIO DEL HUILA, POLITICA
El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el envío de oro incautado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la Franja de Gaza desató una nueva controversia política en Colombia. Según el mandatario, esta iniciativa busca financiar la atención médica de los niños y niñas heridos durante el reciente conflicto armado entre Israel y Hamás, una guerra que dejó miles de víctimas y una grave crisis humanitaria en el territorio palestino.
A través de su cuenta oficial en la red social X, Petro informó: “Ordené que la Sociedad de Activos Especiales envíe oro incautado a los narcotraficantes para la atención médica de los niños y niñas heridos”. En el mismo mensaje, el presidente colombiano hizo un llamado a la comunidad internacional a coordinar esfuerzos para enfrentar la emergencia sanitaria en Gaza y reiteró su propuesta de crear, bajo el amparo de las Naciones Unidas (ONU), un “Ejército mundial” destinado a reconstruir la zona devastada por los enfrentamientos.
La declaración se produjo pocos días después del anuncio del cese al fuego entre Israel y Hamás, un acuerdo que puso fin —al menos temporalmente— a una escalada bélica que destruyó gran parte de la infraestructura en Gaza. Organismos internacionales han advertido que la población infantil es la más afectada por la crisis, enfrentando graves carencias de alimentos, agua potable y atención médica.
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Sin embargo, la medida de Petro generó fuertes reacciones en la oposición. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, fue una de las primeras en pronunciarse. A través de su cuenta en X, cuestionó la decisión del presidente y la calificó como un error de prioridades.
“Mientras en Colombia la gente se muere por falta de un sistema de salud y medicamentos; Petro reparte el oro incautado en poder de la SAE para los niños de Gaza”, escribió Cabal. La congresista agregó que existen regiones dentro del país que sufren una crisis igual de grave, como La Guajira y el Chocó, donde cientos de menores padecen desnutrición y falta de atención médica básica.
“No hace nada por los niños de la Guajira o por los del Chocó para que salga con este disparate”, puntualizó. Además, anunció su intención de emprender acciones legales: “Demandaré cualquier acto administrativo que pretenda mover el oro para otras causas que no sean nacionales”.
La crítica de Cabal se suma a la de otros sectores políticos y ciudadanos que consideran que los recursos incautados por el Estado deben reinvertirse en Colombia, particularmente en programas sociales, infraestructura y salud pública. Desde el inicio de su gobierno, Petro ha propuesto destinar los bienes decomisados a la reparación de víctimas del conflicto y al fortalecimiento de programas humanitarios, pero esta vez su decisión se extiende fuera del país, lo que ha intensificado el debate sobre soberanía y prioridades nacionales.
Mientras tanto, el presidente continúa defendiendo su postura con un discurso de alcance internacional. En otro mensaje en X, Petro reveló un nuevo episodio de tensión diplomática al acusar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de impedir su participación en la firma del acuerdo de paz para Gaza, celebrada en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.
“Trump veta que vaya a la firma de paz sobre Gaza, pero manda a su enviado a Israel y es al enviado de Trump al que chiflan. Aún Trump no comprende el mundo”, expresó Petro, en referencia al incidente en el que el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, fue abucheado durante la ceremonia.
La afirmación del jefe de Estado colombiano reaviva las tensiones con sectores conservadores internacionales y con Washington, al tiempo que posiciona a Colombia en un papel más activo dentro de las discusiones humanitarias globales. No obstante, la controversia interna por el manejo de los activos de la SAE y el uso del oro incautado podría abrir un nuevo frente de debate jurídico y político en el país.
El caso promete mantenerse en el centro de la agenda nacional, mientras se espera conocer si la orden presidencial avanza como acto administrativo o si, como anticipó Cabal, enfrentará una demanda ante los tribunales. Por ahora, la medida deja en evidencia el pulso político entre las prioridades internas de Colombia y la visión internacionalista del presidente Petro.
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