El Tribunal Superior de Bogotá anunció que resolvió el recurso de apelación interpuesto en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. La decisión final será comunicada en una audiencia próxima, cuya fecha será fijada en los próximos días.
La noticia marca un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más relevantes en la historia reciente de Colombia, pues Uribe es el primer exmandatario en ser condenado en primera instancia por la justicia ordinaria.
Una decisión tomada al filo de la prescripción
El anuncio del Tribunal llega en un momento crucial: este 16 de octubre el caso habría prescrito, al cumplirse ocho años desde la indagatoria que rindió Uribe el 8 de octubre de 2018 ante la Corte Suprema de Justicia, en aquel entonces a cargo del magistrado César Reyes.
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La Sala Penal del Tribunal, integrada por tres magistrados, estudió los argumentos de la defensa del exmandatario y del Ministerio Público, que apelaron la sentencia dictada por la jueza Sandra Liliana Heredia el 1 de agosto de 2025.
Los fundamentos de la condena
En su fallo de 1.114 páginas, la jueza Heredia concluyó que Uribe habría sido determinador de las dádivas ofrecidas por medio de su abogado Diego Cadena a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez, con el propósito de que se retractaran de sus declaraciones que lo vinculaban con la creación de grupos paramilitares en Antioquia durante los años 90.
Tras esa sentencia, tanto la defensa de Uribe como la Procuraduría General de la Nación interpusieron recursos, alegando errores de valoración probatoria y violaciones al debido proceso.
Lo que viene: fallo definitivo y eventual casación
El Tribunal deberá definir si ratifica, modifica o revoca la condena de primera instancia. En cualquier escenario, el fallo que emita será definitivo en segunda instancia, lo que abriría la posibilidad de que cualquiera de las partes recurra en casación ante la Corte Suprema de Justicia.
De presentarse este recurso extraordinario, la Sala Penal de la Corte tendría hasta cinco años para revisar el proceso y determinar si hubo errores jurídicos o probatorios que ameriten una modificación de la decisión.
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