La minería ilegal continúa expandiéndose hacia el sur del país. Grupos criminales provenientes del Putumayo y el Huila están incursionando en el municipio de Ataco, Tolima, donde semanalmente se mueven más de 3.000 millones de pesos por la extracción ilícita de oro, generando graves daños ambientales y afectaciones sociales en toda la región.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
En medio de los operativos adelantados por la Policía de Carabineros en el municipio de Ataco, Tolima, se descubrió una verdadera “fiebre de oro” que no solo amenaza la estabilidad ambiental de la zona, sino que también está impulsando el desplazamiento de grupos criminales desde departamentos vecinos como Putumayo y Huila. Estas estructuras buscan apoderarse de los yacimientos auríferos, sin importar las consecuencias ecológicas ni las afectaciones a las comunidades rurales.
Según las autoridades, la extracción ilegal del metal precioso ha atraído a disidencias de las FARC, entre ellas las estructuras conocidas como ‘Carolina Ramírez’ e ‘Ismael Ruíz’, que han encontrado en el oro una nueva fuente de financiación. La Policía reveló que en los puntos de minería ilegal se estarían moviendo cerca de 3.000 millones de pesos cada semana, mientras maquinaria amarilla de alto costo —valorada entre 600 y 1.200 millones de pesos— ingresa de manera irregular a las zonas de explotación a través del río Saldaña.
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Este fenómeno no solo tiene impacto en el Tolima. De acuerdo con fuentes de inteligencia, varios de los operarios, proveedores de maquinaria y redes de apoyo que participan en la extracción ilegal provienen del Huila, donde también se han registrado focos de minería artesanal y clandestina en municipios como Colombia, Íquira y Palermo. “Muchos de los mineros informales que trabajaban en el sur del Huila han migrado a Ataco, atraídos por la rentabilidad del oro. Sin embargo, terminan bajo el control de grupos armados que imponen reglas y cobran extorsiones”, aseguró una fuente judicial.
Ecocidio y descontrol
El panorama ambiental es alarmante. Se calcula que más de 1.000 hectáreas de bosque han sido afectadas por la deforestación, la remoción de tierra y el vertimiento de residuos contaminantes. La quebrada La Pole y el río Saldaña están entre los cuerpos de agua más deteriorados por la actividad minera ilegal.
En varios sectores rurales, las retroexcavadoras y motobombas trabajan día y noche extrayendo el material. La Policía estima que en las zonas intervenidas laboran cerca de 500 personas, muchas en condiciones precarias, sin medidas de seguridad ni contratos formales. “Hemos encontrado maquinaria sumergida bajo el agua, escondida por los grupos ilegales para evitar que sea destruida durante los operativos”, reveló un uniformado de la Policía de Carabineros.
En el más reciente operativo, las autoridades realizaron dos allanamientos a entables mineros, donde fueron destruidas cuatro excavadoras, dos motores industriales y se adelantaron peritajes ambientales. Según el reporte oficial, estos lugares tenían una capacidad de producción entre 1.500 y 2.000 gramos de oro por semana, lo que representa ganancias de hasta 958 millones de pesos.
Extorsión y control armado
La llegada de las estructuras disidentes trajo consigo otro fenómeno: la extorsión. Los grupos armados cobran cuotas de hasta 80 millones de pesos semanales a los puntos de extracción, bajo la amenaza de represalias contra quienes se nieguen a pagar. Este control criminal ha generado miedo entre los mineros informales y ha impedido el ingreso de autoridades ambientales y judiciales a las zonas afectadas.
Desde el Huila, líderes comunitarios y organizaciones sociales han manifestado su preocupación por la expansión de estas redes hacia las fronteras departamentales. “La minería ilegal no reconoce límites. Muchos de los campamentos operan en zonas limítrofes entre el Huila y el Tolima, y las rutas fluviales y terrestres se están utilizando para movilizar maquinaria, combustible y personal”, señalaron voceros ambientales del sur del Huila.
El oro extraído de forma ilícita en Ataco y sus alrededores es transportado hacia Bogotá y Antioquia, donde entra en cadenas de comercialización que lo mezclan con material legal, dificultando su rastreo.
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