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Corte definirá futuro de la reforma pensional

Oct 10, 2025

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El alto tribunal programó para el martes 14 de octubre el debate sobre la constitucionalidad de la reforma, tras la radicación de la ponencia por parte del magistrado José Fernando Ibáñez.

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La reforma pensional, una de las banderas del Gobierno de Gustavo Petro, enfrenta su momento decisivo ante la Corte Constitucional. El magistrado José Fernando Ibáñez radicó la ponencia de fallo que servirá de base para el debate en la Sala Plena, programado para el martes 14 de octubre, donde se definirá la constitucionalidad de la norma que busca transformar el sistema de pensiones en Colombia.

El alto tribunal analizará los presuntos vicios de trámite denunciados por la oposición durante el proceso legislativo, en una sesión que ha despertado gran expectativa pública, no solo por el impacto de la reforma en millones de trabajadores, sino también por las recusaciones e impedimentos que han enturbiado el ambiente dentro del tribunal.

Un trámite lleno de controversias

El examen de constitucionalidad comenzó en agosto de 2024, cuando la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) presentó una demanda pidiendo anular la ley por supuestas irregularidades en su aprobación. Desde entonces, la Corte ha solicitado documentos y pruebas al Congreso para verificar la legalidad del procedimiento.

En junio de 2025, la Corte devolvió la reforma a la Cámara de Representantes tras identificar un vicio en su aprobación. El Gobierno convocó sesiones extraordinarias para corregirlo, pero el proceso se complicó aún más cuando se denunciaron inconsistencias en las actas de las sesiones, lo que llevó al despacho del magistrado Ibáñez a emitir varios requerimientos al Congreso.

Ante la demora, Ibáñez emitió un ultimátum para que la Cámara entregara la documentación pendiente, mientras esta pidió prórrogas por “dificultades administrativas”. Paralelamente, el magistrado Carlos Camargo presentó un impedimento para participar en el debate, alegando un posible conflicto de interés. La Sala Plena lo declaró infundado el 1 de octubre, por lo que podrá intervenir en la decisión final.

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Recusaciones pendientes y tensiones políticas

Aún permanecen dos recusaciones sin resolver contra el magistrado Héctor Carvajal, quien fue abogado personal del presidente Petro y luego ternado por él.

La primera fue presentada por el concejal Daniel Briceño, quien sostiene que Carvajal suscribió contratos con Colpensiones, lo que representaría un impedimento para pronunciarse sobre la reforma. La segunda, interpuesta por Paloma Valencia, insiste en los mismos argumentos y agrega que los contratos firmados en 2024 y 2025 incluyen conceptos jurídicos elaborados por Carvajal.

Estos cuestionamientos han tensado las relaciones entre el Gobierno y la Corte, que ya ha tenido cruces públicos por los tiempos y el alcance del control constitucional.

Tres posibles escenarios

La decisión de la Corte Constitucional definirá el futuro de la reforma y, en buena medida, el del modelo pensional colombiano. Según la jurisprudencia, existen tres escenarios posibles:

  1. Declaración de constitucionalidad: Si se comprueba que el trámite legislativo fue correcto, la reforma será exequible y podrá implementarse bajo supervisión del Ministerio de Trabajo.
  2. Inexequibilidad total: Si se hallan vicios insubsanables, la ley será anulada y se mantendrá el sistema actual.
  3. Inexequibilidad parcial o diferida: Si los errores afectan solo algunas disposiciones, la Corte podría permitir su corrección por parte del Congreso en un plazo determinado.

El debate del 14 de octubre será decisivo. La ponencia del magistrado Ibáñez marcará la ruta de la discusión en una Corte que llega dividida y bajo presión política.

El fallo no solo tendrá consecuencias jurídicas, sino también repercusiones sociales y económicas, pues la reforma busca redistribuir los aportes entre los regímenes público y privado, beneficiando principalmente a los trabajadores de bajos ingresos.

Lo que está en juego no es únicamente la constitucionalidad de una ley, sino la viabilidad del proyecto de justicia social que el Gobierno Petro ha intentado consolidar a través de sus reformas estructurales.

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