La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicitó formalmente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrir una investigación contra el presidente Gustavo Petro, tras hallar posibles inconsistencias en los gastos reportados durante su campaña presidencial de 2022. El alto tribunal también remitió copias del expediente a la Fiscalía y al Consejo Nacional Electoral (CNE).
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
La Corte Suprema de Justicia ordenó este 8 de octubre a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigar al presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña a la consulta interna del Pacto Histórico, realizada el 13 de marzo de 2022.
El alto tribunal tomó la decisión después de analizar documentos sobre los gastos de campaña, especialmente los relacionados con los vuelos contratados con la empresa Sadi SAS, con sede en Ibagué, los cuales han sido señalados como un posible foco de irregularidades.
El requerimiento de la Corte se produjo un día después de ordenar el envío de copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la propia Comisión de Acusación, con el propósito de determinar si existieron violaciones a los topes de gasto o manipulaciones contables durante las campañas del Pacto Histórico. Esta comunicación amplía el alcance de las pesquisas sobre el manejo financiero de la campaña presidencial de Petro.
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Según el alto tribunal, la investigación no solo compromete al jefe de Estado, sino también a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial, así como a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, quien coordinó la campaña legislativa del movimiento. Ambos funcionarios habrían tenido una participación directa en las decisiones financieras y logísticas.
La Sala de Instrucción busca establecer si se presentaron irregularidades en la contabilidad electoral, especialmente en los contratos de transporte aéreo utilizados para trasladar al entonces candidato y su equipo. Los documentos serán revisados por la Comisión de Acusación, órgano encargado de adelantar los procesos disciplinarios y penales contra el presidente de la República.
De acuerdo con los hallazgos preliminares, la Corte encontró evidencias de que Petro realizó varios vuelos que no fueron incluidos dentro de los gastos oficiales de su campaña. Estos desplazamientos habrían sido registrados dentro de la contabilidad de la campaña legislativa del Pacto Histórico, presuntamente para evitar la superación de los topes de financiación establecidos por la ley.
Los documentos revelan que se realizaron 27 desplazamientos equivalentes a 72 horas de vuelo, mediante un contrato firmado con la Sociedad Aérea de Ibagué, cuyo objeto era transportar a candidatos al Congreso. No obstante, en varios de esos trayectos no habrían viajado los aspirantes al Senado, sino el propio Petro, acompañado de su esquema de seguridad y de algunos familiares.
La revista Cambio publicó que las planillas iniciales registraban los vuelos como gastos de la campaña presidencial, gerenciada por Roa, pero que luego habrían sido reclasificados como parte de la campaña legislativa, dirigida por Jaramillo. En total, se habrían identificado posibles manipulaciones en la información de 24 vuelos.
La Corte señala que en la totalidad de esos viajes habría participado Gustavo Petro, sin que los costos fueran cargados a su campaña presidencial. Además, las facturas de los traslados habrían sido alteradas, configurando un presunto fraude por 1.215 millones de pesos, suma que fue declarada como reposición de gastos ante el CNE por parte de Jaramillo.
Según el informe, los recursos se habrían dividido entre 20 candidatos al Senado del Pacto Histórico, asignando a cada uno un gasto ficticio de 60 millones de pesos en vuelos. “Las pruebas revelan que, con la presentación de informes que contienen información falsa, se habría inducido en error al Consejo Nacional Electoral para reconocer la reposición de gastos de campaña en relación con los votos obtenidos por la lista al Senado”, indicó la Sala de Instrucción.
Este nuevo pronunciamiento del alto tribunal representa un avance en las investigaciones sobre la financiación electoral del Pacto Histórico y pone nuevamente en el foco judicial al presidente Petro y a miembros clave de su círculo político más cercano. La Comisión de Acusación deberá ahora definir si existen méritos para abrir una investigación formal y, eventualmente, formular cargos.
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