Por: EDWIN FERNANDO PISSO ESCALANTE
En los últimos años, Colombia ha estado inmersa en un intenso debate sobre la siembra de semillas transgénicas. Con varios proyectos de ley en curso que buscan modificar el artículo 81 de nuestra Constitución, se plantea una reflexión profunda sobre el futuro de nuestra agricultura y la soberanía alimentaria. Este artículo prohíbe la importación, producción, comercialización y exportación de semillas genéticamente modificadas, una disposición que ha generado opiniones divididas entre diferentes sectores de la sociedad.
Los promotores de estos proyectos argumentan que la prohibición es necesaria para proteger el medio ambiente y garantizar los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. La defensa de la agrobiodiversidad y la preservación de métodos de cultivo tradicionales son aspectos fundamentales en esta discusión, ya que las comunidades han utilizado estas prácticas durante generaciones y dependen de ellas para su sustento y cultura. La argumentación se fortalece al considerar el derecho a una alimentación sana y adecuada, un aspecto que no puede ser ignorado en un país donde la desnutrición y la inseguridad alimentaria son problemas persistentes.
El reciente movimiento en México que prohíbe la siembra de maíz transgénico a través de una reforma constitucional aprobada en marzo de 2025, suma un elemento adicional a la conversación. Al igual que en Colombia, este movimiento busca proteger el maíz nativo y fomentar la biodiversidad local. Es evidente que la preocupación por la integridad de los sistemas agrícolas tradicionales está resonando en toda América Latina, lo que sugiere que existe un deseo colectivo de repensar la forma en que se producen y consumen alimentos.
El debate no debería centrarse únicamente en una postura radical a favor o en contra de los transgénicos, sino más bien en la creación de un marco regulatorio robusto que permita investigar y promover prácticas agrícolas responsables y sostenibles. La participación activa de todos los actores involucrados es esencial. Desde los científicos que investigan los efectos de los cultivos transgénicos hasta los agricultores que deben lidiar con sus consecuencias en el campo, cada voz debe ser escuchada y tomada en cuenta.
Es imperativo que, como sociedad, promovamos un debate fundamentado y plural sobre la siembra de semillas transgénicas. Promover la educación y la divulgación sobre biotecnología, así como fomentar la investigación independiente, podría arrojar luz sobre los beneficios y riesgos de estas prácticas. La transparencia en los procesos regulatorios es vital para generar confianza en la población y asegurar que las decisiones tomadas en torno a la agricultura sean informadas y justas. La prohibición de la siembra de semillas transgénicas en Colombia abre la puerta a un debate crucial sobre el futuro de nuestra agricultura, la protección del medio ambiente y la seguridad alimentaria. Debemos avanzar hacia un modelo agrícola que pueda integrar innovaciones tecnológicas y al mismo tiempo rescatar y preservar nuestros saberes ancestrales. Solo a través del diálogo, la investigación y la participación colectiva podremos encontrar soluciones que beneficien tanto a nuestras comunidades como al medio ambiente, asegurando un futuro sostenible para las generaciones venideras.
