Los ataques recientes contra guardianes del Inpec en Bogotá, Medellín y Palmira encendieron las alarmas sobre las precarias condiciones en que laboran. El sindicato denuncia falta de dotación, escasa seguridad y ausencia de medidas efectivas para proteger la vida de los funcionarios carcelarios.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
El Sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) volvió a encender las alarmas por la crítica situación de seguridad que enfrentan los guardianes en los centros de reclusión del país. Los recientes ataques ocurridos en Bogotá, Medellín y Palmira durante los primeros días de octubre de 2025, que dejaron un funcionario muerto y tres más heridos, pusieron de manifiesto las precarias condiciones en las que laboran estos servidores públicos.
El dragoneante Miguel Ángel Muñoz Llano, de 26 años, fue asesinado en un atentado perpetrado frente a la cárcel Modelo de Bogotá. Otros tres guardianes resultaron heridos en hechos similares registrados en diferentes regiones del país. La ola de violencia provocó un contundente pronunciamiento del gremio sindical, que denunció la falta de condiciones adecuadas, recursos logísticos y medidas de protección para ejercer sus funciones de custodia y resocialización.
Fabián Jerez, vicepresidente del sindicato del Inpec, expresó la preocupación de los funcionarios por el abandono institucional. Según señaló, la carencia de elementos de dotación —como chalecos, radios, transporte y equipos de defensa— pone en riesgo constante la vida de los guardianes. “Los funcionarios del Inpec exigimos al Gobierno nacional proteger nuestras vidas y garantizar el cumplimiento de nuestra misión resocializadora en los establecimientos penitenciarios. No contamos con la dotación y elementos suficientes para cumplir con nuestras obligaciones”, afirmó.
El dirigente gremial también advirtió que las jornadas laborales extensas y los desplazamientos sin acompañamiento de seguridad agravan el riesgo al que están expuestos los trabajadores del sistema penitenciario. Ante esta situación, el sindicato pidió al Gobierno implementar medidas inmediatas que incluyan el cierre de vías aledañas a las cárceles, la presencia permanente de uniformados de la Policía y el Ejército Nacional durante los relevos de turno, y la entrega urgente de dotaciones adecuadas.
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El comunicado emitido por el sindicato tras los atentados calificó los hechos como “cobardes ataques de bandas delincuenciales” y exigió respuestas efectivas de las autoridades. “Es inadmisible que la vía frente a la Cárcel Modelo continúe siendo de tránsito normal y congestionado a tan altas horas de la madrugada, exponiendo innecesariamente a nuestros funcionarios a riesgos que podrían evitarse con medidas de seguridad más estrictas”, enfatiza el pronunciamiento.
De igual forma, el gremio solicitó el fortalecimiento de los esquemas de seguridad en los alrededores de los centros de reclusión del país, especialmente en aquellos considerados de alta peligrosidad. Según los funcionarios, la falta de control vehicular y la libre circulación de personas durante la noche facilitan ataques planificados contra los custodios.
“Solicitamos que se adopten medidas urgentes y efectivas de seguridad en los alrededores del establecimiento penitenciario, con restricciones de movilidad vehicular y presencia constante de la fuerza pública, para salvaguardar la vida e integridad de quienes día a día cumplimos con el deber de custodiar y vigilar los establecimientos de reclusión del país”, concluye el comunicado.
La situación del Inpec ha sido objeto de múltiples denuncias en los últimos años. Las condiciones laborales, el hacinamiento carcelario y la falta de apoyo institucional han convertido el trabajo de los guardianes en una de las labores más riesgosas del Estado. Pese a los llamados del sindicato, aún no se han implementado cambios estructurales en la política penitenciaria que garanticen seguridad y dignidad a los trabajadores del sistema.
El reciente aumento de ataques ha generado preocupación entre las autoridades y la opinión pública. Mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones para identificar a los responsables, los guardianes del Inpec reiteran su pedido al Gobierno nacional: fortalecer la seguridad, mejorar la dotación y garantizar que hechos como los ocurridos en octubre no se repitan.
La vulnerabilidad de los funcionarios penitenciarios no solo representa una amenaza para su vida, sino también para la estabilidad del sistema carcelario colombiano, que enfrenta el desafío de proteger a quienes, desde las rejas, mantienen el orden en uno de los sectores más críticos del país.
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