La Contraloría General de la República emitió una alerta al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por las irregularidades detectadas en el Contrato 012 de 2024, firmado con la empresa Vertol Systems Company, destinado al mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17, piezas clave en el transporte y la logística de las Fuerzas Militares.
El contrato, suscrito el 31 de diciembre de 2024, tiene un valor de 32,4 millones de dólares (alrededor de 130 mil millones de pesos) y buscaba garantizar la operatividad de una flota esencial para las operaciones de movilidad aérea del Ejército. Sin embargo, el ente de control advierte que el proceso presenta serios riesgos financieros y operativos, que comprometen tanto el patrimonio público como la capacidad estratégica de las Fuerzas Armadas.
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Un contrato en estado crítico
Según el informe de la Contraloría:
- La empresa contratista recibió un anticipo del 50 % (16,2 millones de dólares).
- Solo se ha ejecutado el 8 % de las labores pactadas.
- Existen dudas sobre la experiencia, capacidad técnica y financiera de la compañía seleccionada.
- Se modificaron las condiciones originales del contrato, reduciendo garantías y alterando los mecanismos de pago en aparente beneficio del contratista.
El organismo advierte que más de 13,5 millones de dólares del anticipo están en riesgo de pérdida si la empresa incumple con las obligaciones adquiridas. Este escenario podría tener un impacto directo en la operatividad del Ejército, que vería limitada su capacidad para movilizar tropas, atender emergencias y desarrollar operaciones tácticas.
Reacción tardía y fallas en el control
La Contraloría también señaló la demora del Ministerio de Defensa en adoptar medidas correctivas. Aunque el Ejército reportó los primeros incumplimientos en febrero de 2025, el proceso formal por incumplimiento solo se inició siete meses después, en septiembre, lo que agrava la situación y aumenta el riesgo fiscal.
En su informe, el ente de control concluye que las fallas en la planeación, la selección del contratista y la supervisión del proyecto evidencian deficiencias estructurales en la gestión contractual del sector defensa.
La Contraloría instó al Ministerio de Defensa a adoptar acciones inmediatas para proteger los recursos públicos y garantizar la recuperación de los fondos entregados en anticipo, además de asegurar la continuidad operativa de la flota MI-17, fundamental para las labores humanitarias y de defensa nacional.
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