ERNESTO CARDOSO CAMACHO
La dinámica natural de la actividad política en un sistema democrático como el nuestro, regido además por un Estado Social de Derecho, significa que existen normas constitucionales y legales que diseñan de manera obligatoria los mecanismos e instrumentos que regulan ese ejercicio democrático.
Los partidos, movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos son los que avalan la inscripción de las listas a corporaciones públicas o de candidatos a elecciones uninominales como presidencia, gobernación o alcaldías. En este claro contexto constitucional y legal es que se viene observando el actual proceso político y electoral dirigido a renovar el Congreso y a elegir el nuevo presiente para otros 4 años.
Por ello es que se hace interesante precisar varias cosas. Primero, el que los partidos vienen sufriendo un evidente desgaste ante sus electores y militantes o adeptos que les ha hecho perder credibilidad y confianza ante estos y la ciudadanía en general. Segundo, esa especie de vacío institucional en el régimen político, ha generado el surgimiento de nuevos y numerosos partidos por decisiones de la Corte Constitucional, replicadas por el Consejo Nacional Electoral que si bien es cierto está obligado a acatarlas; también es verdad que muchas de sus decisiones responden más a intereses ideológicos o partidistas que a ordenar institucionalmente la lucha democrática, en cumplimiento de su principal misión constitucional y legal; principalmente por su equivocado origen en su composición. Y tercero, han venido cobrando gran protagonismo los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, dentro de los cuales se han destacado los movimientos religiosos que ya han alcanzado su reconocimiento legal.
Estas circunstancias que no es posible desconocerlas, han contribuido a generar fracturas internas en los partidos; a clientelizar la política; a estimular la doble militancia tanto de adeptos como de candidatos y curules; fenómeno que ha ocasionado la doble militancia que, estimulada por la jurisprudencia de la sección quinta del Consejo de Estado, viene provocando fallos sucesivos de pérdida de curules por violación legal. Al respecto conviene recordar que las curules son de los partidos y no de los candidatos elegidos tal como lo ha decantado la jurisprudencia constitucional.
Lo que estamos observando en el actual proceso electoral nos confirma que el desgaste de los partidos especialmente tradicionales, los ha colocado en una situación difícil para organizar las listas de senado y de cámara, así como del proceso interno para la competencia presidencial. Curiosamente el llamado Pacto Histórico como alternativo a los tradicionales y que ahora funge desde el gobierno, también padece de fracturas y personalismos que los obligó a replantear la consulta interna.
Lo que si es inevitable para todos los partidos y movimientos en la competencia por las curules del congreso, es que se les exige acatar los mecanismos de lista abierta o cerrada, obtención del umbral para acceder al reparto de curules, el cual opera con la cifra repartidora; la obligación de incluir un mínimo de candidatas mujeres en las listas; así como el respeto a la doble militancia y al estricto régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos.
En estas circunstancias, la búsqueda de consensos que permita superar las fracturas y emulaciones internas, las que no desaparecerán con las listas abiertas y de voto preferente; abre una clara opción a las listas cerradas en los partidos y movimientos que privilegien el voto por el partido que avala y no por sus candidatos. No obstante, lograr esos consensos para uno u otro caso, termina siendo un imperativo que exigirá buena fe, disposición a los acuerdos, listas competitivas que puedan alcanzar el umbral; alianzas y coaliciones posibles, en fin, una serie de condiciones que hagan posible la supervivencia del partido o de los movimientos, mas no de los presuntos liderazgos que han fracasado en el crecimiento y vitalidad de tales opciones políticas.
El reto electoral lo impone hoy un sistema complejo de avales, listas abiertas o cerradas, candidatos con discurso y credibilidad, partidos con identidad ideológica y programática, condiciones que, frente al desgaste del régimen democrático mencionado, mas el creciente factor de la polarización y la inseguridad; deberían ser bien valorados por quienes tomen las decisiones y por los propios candidatos.
En conclusión, no hay mejor mecanismo que la búsqueda de consensos para encontrar las identidades y afinidades que potencien las fortalezas y de contera disminuyan las debilidades.
