La aplicación del Decreto 858 y la Resolución 1789 de 2025 obliga a reorganizar el aseguramiento en salud en 10 regiones y 119 subregiones funcionales. Expertos advierten que la medida, lejos de garantizar acceso y equidad, podría concentrar más poder en la Nueva EPS y desatar riesgos de sostenibilidad y continuidad de servicios.
DIARIO DEL HUILA, ENFOQUE
El sistema de salud colombiano se encuentra en una coyuntura crítica. El más reciente análisis del centro de pensamiento Así Vamos en Salud prendió las alarmas: al menos 2,3 millones de usuarios —equivalentes al 4,4 % de la población afiliada— tendrán que cambiar de EPS en un plazo máximo de seis meses debido a la implementación del nuevo modelo de aseguramiento definido por el Gobierno. La medida está sustentada en el Decreto 858 y la Resolución 1789 de 2025, que reorganizan la operación de las Entidades Promotoras de Salud en todo el territorio nacional.
Lo que en el papel se presenta como un avance hacia un Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, en la práctica ha encendido una fuerte controversia: el traslado masivo de pacientes genera incertidumbre sobre la continuidad de tratamientos médicos, la libre elección de EPS y la estabilidad financiera de las aseguradoras.
La magnitud del cambio
El rediseño territorial agrupa al país en diez regiones y 119 subregiones, lo que implica que una EPS habilitada en una subregión deberá responder por todos los municipios que la integran, incluso si antes no tenía presencia en ellos. La norma también fija un número máximo de EPS por subregión, lo que obliga a redistribuir millones de afiliados.
En esa redistribución, las EPS de tamaño intermedio son las más golpeadas. Cajacopi perderá el 30,5 % de sus afiliados, Coosalud el 17,8 %, Asmet Salud el 17,1 % y Famisanar el 13 %. Por contraste, las tres EPS privadas más grandes (Sanitas, Sura y Salud Total) apenas cederán entre el 1,3 % y el 3,8 % de su población. La gran beneficiada es la Nueva EPS, que con más de 11,7 millones de afiliados no perderá ninguno, gracias a la excepción otorgada a las entidades que concentran más del 20 % de la afiliación nacional.
La paradoja es que las EPS más pequeñas, con menos de un millón de usuarios, salen indemnes, pues la norma les permite permanecer en los territorios donde ya operan, sin importar si se supera el número máximo de entidades por subregión.
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Libre elección en entredicho
Uno de los puntos más sensibles es la pérdida de la libre elección de EPS. Los usuarios ya no podrán escoger a qué entidad afiliarse: serán reasignados de manera automática por el Gobierno, según criterios administrativos de habilitación territorial.
Este cambio recuerda a los procesos de liquidación de EPS del pasado, en los que la Superintendencia de Salud redistribuía pacientes de entidades en crisis. Sin embargo, la diferencia es que ahora no se trata de un colapso financiero, sino de una reorganización planificada por decreto.
El observatorio Así Vamos en Salud lo resumió en una frase contundente:
“Los pacientes no solo perderán la EPS que eligieron, sino que desconocen cuál entidad asumirá su atención. Esa incertidumbre, en sí misma, ya vulnera un derecho esencial”.
Reconfiguración territorial: ganadores y perdedores
La nueva arquitectura del aseguramiento redefine de manera drástica la presencia de las EPS. Casos ilustrativos son:
- Capresoca: pasa de operar en 36 municipios a tener responsabilidad en 175.
- Sanitas: amplía su cobertura de 415 a 646 municipios.
- Cajacopi: se reduce de 342 a 116 municipios.
- Coosalud: baja de 297 a 143.
- Salud Total: disminuye de 442 a 291.
Las regiones más impactadas serán la Noroccidental (Antioquia, Córdoba, Chocó y parte de Bolívar), el Centro Oriente y el Sur, donde EPS intermedias perderán terreno. En estos territorios, con alta dispersión geográfica y débiles redes de atención, el riesgo de discontinuidad de servicios es mayor.
La gran incógnita: ¿a qué EPS irán los 2,3 millones de usuarios?
El Gobierno aún no ha definido a qué entidades serán reasignados los usuarios que perderán su EPS. Según Augusto Galán Sarmiento, director de Así Vamos en Salud, este proceso genera una “gran incertidumbre”: ni los pacientes ni las aseguradoras saben qué volumen de usuarios deberán recibir ni qué recursos tendrán disponibles.
Galán advierte que, dado el interés del Gobierno por un modelo más estatizado, es probable que buena parte de la población termine en la Nueva EPS, la más grande del país. Pero esto, lejos de ser una solución, podría convertirse en un riesgo sistémico: la entidad ya enfrenta tensiones financieras y su sobrecarga podría agravar la crisis.
“El decreto ya está en marcha, la resolución ya está en marcha y esas decisiones someten a los pacientes a una serie de incertidumbres sin saber hacia dónde va esto”, alertó Galán.
Impactos inmediatos: tratamientos y acceso en riesgo
La transición, con un plazo de apenas seis meses, amenaza la continuidad de servicios médicos. Las EPS deberán renegociar contratos con prestadores, reorganizar redes de atención, ajustar tarifas y adecuar sus sistemas tecnológicos en un tiempo muy corto.
Esto puede traducirse en interrupciones de tratamientos, especialmente de alto costo, y en dificultades para acceder a servicios básicos en regiones apartadas donde las EPS receptoras carecen de infraestructura o personal suficiente.
Los CAPS y la fragmentación del modelo
El Decreto 858 introduce además un cambio estructural: la gestión de la atención primaria pasa a manos de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que aún no cuentan con un plan definido de implementación.
Esto podría dejar a los pacientes sin claridad sobre a dónde acudir para servicios básicos. Además, al dividir responsabilidades entre múltiples actores, se corre el riesgo de que el modelo se vuelva más fragmentado y menos eficiente, debilitando la capacidad de las EPS para gestionar integralmente el riesgo en salud.
El vacío financiero
Uno de los mayores cuestionamientos al decreto es que no contempla ajustes financieros. Las EPS podrían recibir pacientes con alta carga de enfermedad sin recibir recursos proporcionales a ese riesgo.
En un sistema ya golpeado por deudas multimillonarias, este escenario podría precipitar nuevos episodios de insolvencia. Las gobernaciones y alcaldías, que deberán asumir más responsabilidades, tampoco recibirán recursos adicionales.
En departamentos con baja capacidad institucional, el riesgo es que haya demoras en la toma de decisiones, fragmentación de redes y desabastecimiento de medicamentos.
Una “reforma por decreto”
El trasfondo político es clave. El Gobierno de Gustavo Petro no logró sacar adelante su reforma de salud en el Congreso. En respuesta, optó por implementar cambios de gran calado a través de un decreto administrativo.
Para varios expertos, se trata de una “reforma por la puerta de atrás”. El decreto modifica elementos de la Ley 100 de 1993 y de la Ley Estatutaria de Salud, lo que debería tramitarse por vía legislativa. Por eso, no se descarta que el Consejo de Estado o la Corte Constitucional terminen tumbando total o parcialmente la medida.
La Andi advirtió que esta vía introduce una “inmensa incertidumbre”. Y el académico de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, señaló que, aunque el decreto habla de prevención y territorialización, de fondo “se trata del uso de los recursos de la salud” sin las condiciones técnicas ni fiscales para sostenerlo.
¿Qué está en juego?
El cambio toca fibras esenciales del sistema:
- Derecho a la libre elección de EPS.
- Continuidad de tratamientos médicos para pacientes crónicos o de alto costo.
- Equilibrio financiero de entidades ya golpeadas por deudas.
- Seguridad jurídica frente a un decreto que puede ser tumbado en los tribunales.
- Confianza ciudadana en un sistema que ya atraviesa una de sus peores crisis.
A todo esto, se suma la falta de un plan de financiamiento claro. Expertos estiman que implementar el nuevo modelo costaría el equivalente a una reforma tributaria completa, en un país con limitaciones fiscales.
Conclusión: entre la urgencia y la incertidumbre
La reorganización territorial del sistema de salud colombiano es un hecho. El Decreto 858 y la Resolución 1789 ya entraron en vigencia, y el reloj corre: en seis meses, 2,3 millones de colombianos deberán cambiar de EPS.
El reto es monumental: garantizar que la transición no se traduzca en un caos que ponga en riesgo la vida de millones de pacientes. Sin reglas claras, sin ajustes financieros y con un proceso de reasignación que depende exclusivamente del Gobierno, la incertidumbre reina entre usuarios, EPS y prestadores.
En este escenario, el sistema de salud colombiano se enfrenta a una prueba de fuego. El desenlace dependerá de la capacidad del Estado para implementar la transición con solvencia, transparencia y continuidad, pero también del desenlace jurídico que puedan tener las demandas contra el decreto.
Lo cierto es que, como concluye el observatorio Así Vamos en Salud, “la sostenibilidad del sistema está en entredicho”. Y con ella, la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud de millones de colombianos.
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