El Ministerio de Salud y Protección Social alertó este miércoles sobre los riesgos que implicaría la ponencia alternativa de la reforma a la salud radicada recientemente en el Congreso, al considerar que mantiene la intermediación financiera de las EPS, debilita el papel del Estado y genera retrocesos en derechos laborales, atención primaria y equidad del sistema.
Según la cartera, el texto propuesto “preserva la concentración del poder financiero y administrativo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS)”, a pesar de los informes oficiales que evidencian su insolvencia, ineficiencia en el gasto y millonarias deudas con hospitales y clínicas.
Entre los principales reparos, el Ministerio advierte que la ponencia:
Mantiene la intermediación y el control financiero de las EPS
El documento permitiría que las EPS sigan administrando los recursos de la salud “con manejo discrecional”, pese a los antecedentes de mala gestión y crisis financiera.
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Sustituye funciones constitucionales del Ministerio
El Consejo Nacional de Salud, de naturaleza consultiva, pasaría a definir —y no solo recomendar— temas claves como el Plan de Beneficios en Salud (PBS), las tecnologías médicas y la Unidad de Pago por Capitación (UPC), competencias que la Constitución asigna directamente al Gobierno Nacional a través del Ministerio.
Financia con recursos públicos el patrimonio de privados
De acuerdo con la cartera, la UPC dejaría de ser un mecanismo para garantizar la atención médica y se convertiría en una fuente de fortalecimiento patrimonial para las EPS, permitiendo incluso cubrir sus costos administrativos y operativos.
Validación internacional de la UPC
El cálculo de la UPC quedaría en manos de una universidad extranjera, lo que, según el Ministerio, “desconoce la capacidad técnica nacional” y somete decisiones claves del sistema a una validación externa.
Beneficia a las EPS insolventes y compromete recursos públicos
La propuesta “premia” a las EPS con deudas millonarias, permitiéndoles recibir pagos estatales durante cinco años —por más de 60 billones de pesos— con recursos provenientes de impuestos saludables, el IVA social y un punto del PIB. Además, el Estado asumiría cualquier exceso en el gasto de las EPS sin auditoría previa.
Retrocesos laborales y en derechos de las mujeres
El texto desconoce el régimen especial aprobado por la Cámara de Representantes para formalizar el trabajo de los profesionales de la salud, manteniéndolos en condiciones precarias.
Asimismo, elimina los recursos destinados al pago por maternidad para más de 300.000 mujeres no cotizantes, afectando su protección económica y la de sus hijos recién nacidos.
Golpe a la atención primaria y a la red pública hospitalaria
El Ministerio advierte que la ponencia traslada al Estado nuevas cargas fiscales sin tocar los privilegios de las EPS y elimina la cuenta de fortalecimiento de la red pública hospitalaria, lo que podría dejar sin recursos a la mayoría de hospitales públicos del país.
Centralización y pérdida de autonomía territorial
La propuesta “desconoce la descentralización sanitaria”, delegando a las EPS la organización de las redes de servicios. Esto implicaría que los pacientes sean enviados donde resulte más rentable para las entidades, y no donde lo requieran médicamente, vulnerando la libre elección de los usuarios.
Discriminación y segmentación del sistema
El Ministerio también denuncia que el texto mantiene la división entre los regímenes Contributivo y Subsidiado, contrariando la Sentencia T-760 de 2008, que exige igualdad de trato para todos los ciudadanos.
Finalmente, la cartera de Salud enfatizó que seguirá defendiendo una reforma estructural centrada en la vida y en la atención primaria, con un manejo transparente de los recursos públicos.
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