La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas en La Plata, Huila, tras denunciar que líderes sociales están siendo usados bajo coacción por disidencias de las Farc para presionar la salida del Ejército de la región.
DIARIO DEL HUILA, REGIONAL
La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana sobre la grave situación que enfrentan líderes sociales en La Plata, Huila, quienes estarían siendo instrumentalizados por disidencias de las Farc para presionar la salida del Ejército Nacional de la región. La entidad advierte que las comunidades no se encuentran en libertad para tomar decisiones y pide medidas urgentes de protección.
De acuerdo con el comunicado oficial, el grupo armado ilegal habría obligado a los líderes sociales a convocar a la población para exigir la salida de integrantes del Ejército Nacional presentes en la vereda La Aurora. Ante la presión ejercida, los uniformados se retiraron con el fin de evitar confrontaciones con la comunidad.
Comunidades forzadas bajo presión
La Defensoría advirtió que, como consecuencia de esta situación, habitantes del corregimiento Belén, entre ellos niños, niñas y mujeres, tuvieron que abandonar sus hogares y permanecer toda la noche sobre la vía, cumpliendo con la orden de los insurgentes de forzar la retirada de la tropa.
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El impacto no se limitó al ámbito social. Según la entidad, se presentaron restricciones severas al comercio y a la movilidad, lo que dejó a la población en riesgo de desabastecimiento de alimentos, bienes y servicios básicos. Los derechos económicos y sociales de estas comunidades, señaló la Defensoría, se vieron seriamente afectados.
Riesgos para más de 16.000 habitantes
Aunque desde la tarde del domingo la situación retornó a lo que las autoridades describen como una “tensa normalidad”, el temor persiste entre los habitantes del corregimiento Belén. De acuerdo con las proyecciones de la Defensoría, un eventual desplazamiento masivo podría comprometer a más de 16.000 personas, lo que agravaría la crisis humanitaria en esta zona del Huila.
Llamado al respeto del Derecho Internacional Humanitario
En su pronunciamiento, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, insistió en que los actores armados deben respetar el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que obliga a mantener a la población civil al margen del conflicto.
«Es imperativo dejar a la población civil por fuera del conflicto y cumplir irrestrictamente el principio de distinción que dispone el DIH», subrayó la funcionaria, al tiempo que reiteró que los líderes sociales no actúan en libertad, sino bajo condiciones de coacción y amenaza.
Exigencias al Estado y a la Fuerza Pública
La Defensoría del Pueblo solicitó a la Fuerza Pública evaluar los riesgos de confrontación en la zona y adoptar medidas que garanticen la vida e integridad de la población civil. De igual manera, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que despliegue una atención integral y acompañe a las comunidades, permitiendo que puedan tomar decisiones autónomas frente a la presencia de grupos armados ilegales.
Además, la entidad recordó que desde 2022 ya había advertido sobre estos riesgos en la Alerta Temprana N.° 025, por lo que instó a que sus recomendaciones se implementen con urgencia.
Contexto nacional
El caso de La Plata, Huila, no es un hecho aislado. Según el Ministerio de Defensa, este episodio corresponde a uno de los ocho intentos de asonada contra la Fuerza Pública registrados en lo corrido del año en el país. Durante el mismo fin de semana, se reportó un hecho similar en el departamento del Meta, lo que confirma la estrategia de presión de las disidencias mediante la instrumentalización de comunidades.
La Defensoría del Pueblo reiteró que la población civil debe ser excluida de la confrontación armada y que la protección de los derechos de líderes sociales y comunidades es una responsabilidad conjunta del Estado. La instrumentalización de las comunidades en La Plata refleja la creciente vulnerabilidad de las zonas rurales del Huila frente a la acción de grupos armados ilegales.
La situación, aunque contenida momentáneamente, sigue siendo frágil y advierte sobre la necesidad de un enfoque urgente de protección y respuesta humanitaria que permita garantizar la seguridad, la libertad y la autonomía de las comunidades frente al conflicto armado.
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