Por: Carlos Tobar
La semana pasada se conocieron las primeras condenas proferidas por la JEP (Justicia Especial para la Paz) en dos de los macrocasos que en el proceso de Paz se le asignaron para que fueran juzgados: el de la cúpula de las Farc por el delito de secuestro (llamado eufemísticamente retenciones) y el de algunos militares por la desaparición y el asesinato de civiles (bajo el eufemismo de falsos positivos).
Señalemos de entrada que tratar de desvirtuar el horror de la guerra con la manipulación del lenguaje es sacrificarlo en la hoguera de un conflicto que ha consumido cerca de 70 años de la vida nacional.
Las horripilantes escenas que se describen en esos dos procesos judiciales, todas y cada una por demás aberrantes, nos confirman que, “el conflicto armado” con el que han justificado la violencia de tanto tiempo, nunca debió suceder.
Tal vez, una de las conclusiones más importantes es que la “insurgencia guerrillera” desde sus orígenes no tuvo razón de ser. No ha dejado nada positivo en la construcción de una sociedad moderna y avanzada que pueda solventar las inmensas necesidades de la población colombiana.
Todo lo contrario, su costo en vidas, bienes, tranquilidad social, en los crecientes recursos destinados para ejercer la violencia de los bandos en disputa, empezando por el Estado en su obligación de ejercer la fuerza para mantener el orden social, habrían podido invertirse en la prosperidad y el progreso.
Unos grupos rebeldes, si se les puede llamar así, solo tuvieron viabilidad operativa cuando los recursos ilícitos, primero del narcotráfico y luego de otras actividades criminales: extorsión, secuestro, minería ilegal, contrabando…, les permitieron mantener los ejércitos ilegales.
La tragedia del narcotráfico ha marcado el devenir de la sociedad colombiana desde mediados de la década de los 70 del siglo pasado. Un negocio sucio que no se entiende sin el mercado que se creó en los países desarrollados, pero sobre todo sin el entramado financiero que la libertad de circulación de capitales en el circuito mundial del capital le ha permitido difundirse por todo el planeta.
Igual esos recursos sucios también van a financiar la respuesta ilegal del Estado a la “insurgencia guerrillera”, los tenebrosos ejércitos del narcotráfico: el paramilitarismo.
Esa historia de violencia desbordada la conocemos bien, porque la hemos padecido. Millares de vidas perdidas, millones de afectados, niños reclutados, huérfanos, viudas, dolor de los más débiles, una secuencia de barbarie que pareciera no terminar nunca.
El proceso de paz con su justicia incompleta la entendemos como el sacrifico que hace la sociedad para que finalmente paremos la violencia y alcancemos la paz. Pero, se debe dar sobre la base de que el monopolio de la fuerza la ejerza el Estado y, que a la justicia transitoria la acompañe la justicia permanente con la obligación de hacer respetar el orden social que hemos acordado en nuestra carta constitucional. Y, sobre todo que tengamos un proyecto de nación moderna y próspera. Ni más, ni menos.
Neiva, 22 de septiembre de 2025
