En la semana anterior se llevó a cabo en Cartagena la nueva versión del Congreso Anual de Colfecar, donde los transportadores denunciaron la grave situación que atraviesa el sector por los centenares de bloqueos que se han venido presentando a lo largo y ancho de las principales vías nacionales. Durante el presente año, ya han ocurrido 624 bloqueos en las vías, con pérdidas que ascienden a 1,7 billones de pesos. A ello se suman cierres frecuentes por derrumbes y fallas geológicas que afectan la movilidad en corredores estratégicos como la vía al Llano, que hoy tiene más de 90 puntos críticos. Como si fuera poco, la inseguridad es un viejo fantasma que regresa con fuerza, por desgracia: más de 30 conductores asesinados en tres años, extorsiones en distintos departamentos y paros armados que recuerdan épocas que se creían superadas. Durante el gobierno del cambio, se ha perdido la seguridad en las carreteras, por el progresivo debilitamiento que ha presentado los organismos de seguridad en Colombia. Cualquier organización social, que no encuentra respuesta del gobierno nacional en la solución de las grandes problemáticas sociales, salen unas minorías y taponan los circuitos viales del país. Se han convertido en un estilo de chantaje con la complicidad del ejecutivo, así existan normas que lo prohíban, pero que el Estado ha permitido que estas situaciones anormales ocurran con frecuencia. Pareciera que estas alteraciones de orden público diviertan al equipo del Alto Gobierno.
La falta de seguridad en las carreteras y sin tener estabilidad en las reglas de juego, están llevando progresivamente al colapso de este sector vital para el transporte de mercancías e insumos de los puertos hasta las factorías y viceversa. Igualmente, la rotación de ministros de Transporte ha impedido continuidad en las mesas de diálogo, además de que la ausencia de representantes del Gobierno en el congreso gremial envía un mensaje de desinterés que resulta alarmante. No se trata de una coyuntura menor: lo que está en juego es el sistema de abastecimiento del país y, en consecuencia, el bienestar de todos los colombianos.
