Por: Luis Alfonso Albarracín Palomino
Es común escuchar a los ministros, gobernadores, alcaldes, rectores de universidades públicas y demás entidades oficiales, que la falta de recursos está generando un incumplimiento en la ejecución de sus programas de inversión que se encuentran condensados en sus respectivos planes de acción y de Desarrollo para la presente vigencia. Desde estas líneas, he venido expresando en otrora, que el gobierno nacional, se ha desbordado en los gastos de funcionamiento durante el presente trienio y que el manejo incoherente en la aplicación de los instrumentos de la política macroeconómica del país y el aumento exponencial de la criminalidad le ha pasado factura a los recaudos, cuyas metas no han cumplido con las expectativas que tenían para buscar el equilibrio de las finanzas públicas. Aunque existen otros factores endógenos y exógenos que también están afectando las finanzas públicas nacionales, es importante destacar que durante la presente administración nacional no conocen la palabra austeridad.
En la reunión que se desarrolló la semana anterior del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, se prendieron nuevamente las alertas por la abultada deuda pública y el gasto público desbordado que presentan las finanzas públicas nacionales. Esta situación sigue siendo frágil y que el déficit fiscal, lejos de estabilizarse, continúa en una senda de deterioro, aunque las metas oficiales del Gobierno plantean un déficit primario de 2,4% del PIB en 2025, las cifras acumuladas hasta julio muestran que este ya alcanza 1,4%, mientras que el déficit total llegó a 4,3%.
Dicho comité, en su informe de seguimiento fiscal para el mes de septiembre de 2025, plantea que el gasto primario acumulado representó un 11,8% del PIB, equivalente a 1,4 puntos por encima del promedio registrado entre las vigencias 2021 y 2024. Igualmente, para agosto, la cifra llegó a 12,7% del PIB. Lo anterior, confirma lo expresado anteriormente. Se ha venido presentando un patrón de mayor expansión del gasto corriente y social. La ejecución de inversión sigue mostrando rezagos y la presión sobre las finanzas viene de los mayores compromisos en funcionamiento y transferencias, que crecen más aceleradamente que los ingresos. Ha existido un manejo irresponsable y sin ninguna planeación del gasto público. Es un gran error gubernamental. Los medios de comunicación especializados en economía han coincidido que, si bien el déficit primario aun se ubica por debajo de la meta del gobierno nacional, la tendencia es preocupante si se tiene en cuenta que los ingresos fiscales no alcanzan las metas oficiales y por lo tanto, el gasto público continúa por encima del promedio histórico de años anteriores. Y peor si se genera en un ambiente de menor crecimiento económico, porque se aumenta el riesgo de sostenibilidad de las cuentas públicas, limitando con ello, la maniobrabilidad de la política fiscal del país.
Si el anterior panorama es crítico, el tema de la deuda pública enrarece más este frente, junto con el pago de intereses. Solo en el mes de julio representaron el 31,4% de los ingresos tributarios, un nivel que supera el promedio histórico y que resta espacio a la inversión social y productiva. En otras palabras, casi un tercio de cada peso que entra por impuestos se destina a pagar intereses, lo que limita severamente la capacidad del Estado de responder a otras necesidades. La deuda bruta, por su parte, alcanzó el 63% del PIB. El endeudamiento interno ha venido ganando espacio a costa de instrumentos de corto plazo. Así, como vamos, una vez termine el presente cuatrienio, el nuevo presidente de los colombianos, que asume el próximo 7 de agosto de 2026, recibe el país, en una profunda crisis financiera, que lo obliga necesariamente a reducir el tamaño del Estado y a apretarse el cinturón que lo pone en serios aprietos con el constituyente primario para atender las crecientes demandas sociales y a ser más creativo en la búsqueda de nuevos ingresos, sin afectar el bolsillo de los colombianos.
