Un nuevo estudio del Banco de la República revela los efectos adversos que tuvo la reforma al impuesto al patrimonio de 2010 sobre las pequeñas y medianas empresas en Colombia. La investigación muestra caídas en inversión, productividad y empleo, además de un deterioro en las condiciones de acceso al crédito.
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
El más reciente informe del Banco de la República volvió a poner sobre la mesa un debate sensible: el costo real que tuvo para las pequeñas y medianas empresas (pymes) la inclusión en el impuesto al patrimonio a partir de la reforma tributaria de 2010.
La medida, que redujo el umbral del patrimonio líquido sujeto al gravamen de $3.000 millones a $1.000 millones, amplió de manera sustancial el universo de contribuyentes. Según los datos recopilados por los investigadores del Emisor Hernán Rincón y Miguel Sarmiento, el número de empresas obligadas a tributar aumentó en un 223%, pasando de 3.441 a 11.119.
Aunque el recaudo creció en 0,3 puntos del PIB y permitió financiar parte del gasto derivado de la ola invernal que golpeó al país en 2010, el informe evidencia que el costo para la economía empresarial fue mayor de lo previsto.
Un golpe a la inversión y el empleo
La investigación utilizó bases de datos administrativas con información de balances, declaraciones tributarias y créditos otorgados en el sistema financiero. El análisis comparó empresas con características similares, diferenciadas únicamente por estar o no sujetas al impuesto.
Los resultados fueron categóricos: las pymes obligadas a pagar el impuesto sufrieron caídas en inversión, acumulación de capital, productividad y generación de empleo. En comparación con las empresas que quedaron por debajo del umbral, su desempeño económico se deterioró significativamente.
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El impacto fue más visible en las compañías con mayores niveles de apalancamiento, que ya enfrentaban dificultades de liquidez. Para ellas, la reforma no solo significó un pago adicional, sino un deterioro en su relación con el sector financiero.
Restricciones de crédito y mayores costos financieros
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio tiene que ver con el canal financiero. Las empresas gravadas experimentaron una reducción en el crédito bancario que osciló entre el 2% y el 6%, mientras que las tasas de interés subieron entre 50 y 100 puntos básicos. Los plazos de los préstamos también se redujeron en un 30%.
La contracción en la oferta de crédito obedeció, en parte, a la percepción de mayor riesgo por parte de los bancos, que veían en las empresas gravadas un menor margen de solvencia. Como consecuencia, estas pymes debieron recurrir más al crédito comercial, aunque este también mostró una caída cercana a 7,3 puntos porcentuales.
La situación creó un círculo vicioso: empresas con menos acceso a financiamiento formal, más dependencia de mecanismos costosos y limitaciones para invertir en capital o generar empleo.
Impacto también en los bancos
El estudio resalta que los efectos no se limitaron a las pymes. Los bancos sujetos al impuesto también redujeron su oferta de crédito, trasladando parte de la carga a sus clientes empresariales mediante mayores tasas y condiciones más restrictivas.
Esto evidencia, según los autores, cómo los impuestos mal diseñados pueden generar distorsiones que afectan tanto al sistema financiero como al aparato productivo, disminuyendo la capacidad de crecimiento económico en su conjunto.
Un debate vigente
El impuesto al patrimonio tuvo carácter temporal entre 2002 y 2017, y en sus distintas versiones gravó tanto a personas como a empresas. Sin embargo, el deterioro en el tejido empresarial llevó a que, a partir de 2018, solo se mantuviera para personas naturales.
El estudio del Banco de la República llega en un momento clave, cuando en el país vuelven a discutirse posibles ajustes fiscales para aumentar el recaudo. Las conclusiones plantean una advertencia: más allá de los beneficios de corto plazo, medidas de este tipo pueden desincentivar la inversión privada y afectar la competitividad.
En ese sentido, el informe invita a repensar el diseño de la política tributaria en Colombia, en particular aquella que impacta a las empresas de menor tamaño. El reto, según los investigadores, es lograr un equilibrio entre la necesidad de ingresos fiscales y la preservación de un entorno favorable para el desarrollo económico y la generación de empleo.
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