Las medidas restaurativas en lugar de penas privativas de la libertad han generado indignación y críticas entre las víctimas del departamento del Huila, quienes consideran el fallo insuficiente y carente de justicia ante los daños irreparables.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió una decisión histórica al imponer sanciones propias de ocho años a siete exintegrantes del antiguo secretariado de las FARC, responsables de miles de secuestros cometidos durante el conflicto armado en Colombia.
Se trata del primer fallo de gran alcance emitido por este tribunal de justicia transicional, creado en el marco del Acuerdo de Paz de 2016. Los excombatientes reconocieron su responsabilidad en el caso conocido como “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, que dejó más de 21.000 víctimas en distintas regiones del país.
Las sanciones propias, que no implican reclusión carcelaria tradicional, incluyen la realización de proyectos restaurativos en los territorios más afectados por la violencia. Entre las tareas contempladas están obras comunitarias, programas de desminado humanitario, búsqueda de personas desaparecidas, acciones de reparación simbólica y proyectos de restauración ambiental.
De acuerdo con la JEP, el objetivo de estas medidas es garantizar la verdad, la reparación y la no repetición, a través de un modelo de justicia restaurativa que privilegia la participación de las víctimas. El tribunal precisó que las sanciones tendrán una duración de ocho años y estarán acompañadas de un estricto seguimiento judicial para verificar su cumplimiento.
El fallo marca un precedente en la historia judicial del país, al ser la primera vez que altos mandos de la antigua guerrilla reciben sanciones por delitos cometidos durante el conflicto. Organismos internacionales como la ONU y la Misión de Verificación han destacado la importancia de esta decisión como un paso hacia la consolidación de la paz y la rendición de cuentas.
En este proceso, que hace parte del Caso 01 de la JEP, fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad 41 exintegrantes de la antigua guerrilla: Siete del último Secretariado, 10 exmandos medios del Comando Conjunto Central, ocho del Bloque Occidental, siete del Bloque Noroccidental cinco del Bloque Caribe y cuatro del Bloque Magdalena Medio.
Los comparecientes son Rodrigo Londoño Echeverri –Timochenko, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra “El Médico, Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel “Joaquín Gómez”, Julián Gallo “Carlos Antonio Lozada” y Rodrigo Granda “Ricardo Téllez”.
Además de los secuestros, la JEP concluyó que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo homicidios, torturas, violencia sexual, desaparición forzada y desplazamiento. Se les atribuyen tres patrones criminales de secuestro: financiación de la guerrilla, intercambio de cautivos por guerrilleros presos y control social y territorial.
Huila también vive este flagelo
Entre tanto, Rodrigo Villalba, gobernador del Huila se refirió al tema indicando que el departamento del Huila vive este problema de orden público que también padece todo el país.
“El Huila no es la excepción de este problema de orden público del país. Que tiene unas raíces tenaces. Primero, cuando se hizo el acuerdo con la FARC, aquí todos nos olvidamos de lo que podía pasar. El Estado no ocupó esas zonas que desocupó la antigua FARC. No hubo la presencia del Estado. Eso fue un caldo de cultivo ahora que hicieron presencia de nuevo otra FARC, unos pedacitos que quedaban por allá y se crearon y se extendieron como hierba mala a lo largo y ancho del país y el Huila no es la excepción. Nos ha tocado aquí luchar duro contra esa criminalidad, contra ese problema de alteración de orden público, contra la inseguridad en la región. Hemos tenido de la mano en esa lucha a la fuerza pública con operativos exitosos, con zonas importantes”, indicó el gobernador.
Según el gobernador, el Huila venia en una tranquilidad hasta que se registró un secuestro en el municipio de Acevedo días anteriores donde puso en alerta nuevamente a otras las autoridades del departamento.
“En el departamento, en el centro del departamento me decían, «Estamos tranquilos.» Pero ahora apareció un secuestro en el sur y vino a afectar el centro del departamento también porque por ahí finalmente lo liberaron. Por ahí se escaparon desde Acevedo salieron a Guadalupe y a una zona rural de Garzón. Entonces, eso crea una tensión, crea un problema, una sensación de inseguridad total, hay otras zonas que llevan el impacto del polvorero del Cauca, que es la frontera con el Cauca, el occidente del departamento y ahí estamos con toda mirando con la fuerza pública y toda la presencia del Estado, a ver cómo contenemos para que esa violencia del Cauca no se ensañe aquí en el departamento y en eso estamos con todas las pilas puestas, con toda la determinación para trabajar en esa materia, pero indudablemente no podemos decir que estamos exentos de ese flagelo, aquí nos está afectando, no nos hemos quedado cruzados de brazos y estamos trabajando de la fuerza pública de manera importante”, informó el gobernador del Huila.
Victimas en el Huila opinan
Frente a este panorama, Diario del Huila consultó con algunas de las víctimas del departamento del Huila quienes afirman que estas decisiones resultan irrisorio y carente de justicia, donde esperaban sanciones más rigurosas.
Armando Acuña
Nos parece que es irrisoria la condena, es irrisorio ese pronunciamiento que hace a estas alturas la JEP, pero lo analizamos desde dos puntos de vista. Uno, que podría ser un acuerdo del proceso de paz, pero también lo analizamos desde el otro punto de vista que ¿Cuál proceso de paz? Si se firmaron, sí, unos acuerdos, pero luego vino insurgencia o ha aparecido grupos que nacen de la misma FARC, que son de la misma FARC, que nosotros podemos decir ningún acuerdo se cumplió ni por parte del Estado ni por parte de la insurgencia.
Porque el país está en guerra, el país está en un medio de un conflicto que es una locura, es algo demencial que lo están viviendo o que lo estamos viviendo quienes estamos al margen de esa guerra, la sociedad civil.
Por lo tanto, yo puedo decir que es desmotivador, pero si se hubiese cumplido realmente el proceso de paz hubiéramos dicho, «Aceptamos porque nuestros hijos o las futuras generaciones pueden vivir en paz» Pero no y la verdad es que ellos no cometieron un solo secuestro, fueron miles y por ello la demora de la JEP en cuanto al caso 001 que ha venido manejando la JEP, la verdad es que nos coge de sorpresa por los aspectos en que lo he manifestado.
La verdad es que no esperábamos ello porque pensábamos que iba a haber como un fallo en que se diera un castigo mayor, porque si bien se llegaron a unos acuerdos, también se llegaron dentro de ello a los acuerdos en que se iban a fallar e iban a ver sanciones en contra que les iba a permitir un mínimo de años en la cárcel y tiempo también para algunas actividades para resarcir parte de ese daño causado.
Sin embargo, vuelvo y reitero, el país no logró la paz, el proceso de paz quedó ya en un segundo plan y fueron muy pocos los insurgentes que se acogieron al mismo porque lo único que vemos es disidencias de la FARC por todos lados.
Jaime Felipe Losada
La decisión de la JEP de sancionar con 8 años a nuestros victimarios con medidas restauradoras es lacerante, lamentable y revictimizante.
No me cabe en la cabeza como quienes nos mantuvieron secuestrados durante tantos años, en mi caso particular 3 años, van a sembrar plantas en bosques en vez de efectivamente tener penas que los priven de su libertad y lo más triste es que van a seguir con plenos derechos políticos y van a poder seguir en el Congreso de la República dando clases de moral y de buenas costumbres.
La JEP con esta decisión reitera lo que siempre hemos dicho que fue creada para lavarle la cara a la guerrilla de las FARC, para revictimizar a las víctimas, nunca las víctimas fuimos el centro del acuerdo como nos lo dijeron en su momento, sino que dentro del acuerdo giró en torno a buscar la total y plena impunidad de la guerrilla de las FARC, que es muy triste para Colombia que las víctimas tengamos que ver cómo nuestros victimarios se burlan de nosotros en nuestra cara y de ver cómo la justicia en vez de proteger a las víctimas, en este caso particular, protege a los victimarios.
Jorge Gechem Turbay
La verdad es que, la JEP tiene una carta de navegación, una ruta que fueron trazado una vez se firmaron los acuerdos de la Habana por las partes, tanto el Estado colombiano como las FARC, el secretariado por intervención de la comunidad internacional.
Eso tiene unos parámetros y obviamente en la JEP donde hay destacados juristas, pues esa era su carta de navegación y hasta ahí podían avanzar. Me parece que está presentando, comenzando a presentar resultados importantes la JEP, porque eso fue la base, el soporte para la firma del acuerdo de la Habana.
Entonces, uno ve que ambas partes se comprometieron la comunidad internacional y esa era la carta de navegación que tenía los miembros de la JEP para actuar y así lo hicieron. Unos magistrados respetables, obviamente, tenían que proceder en el derecho y en las consideraciones jurídicas que ellos tenían a su alcance y que tenían dentro de su normatividad.
Unos colombianos que querían más castigos, otros, por lo menos, que hubiera un punto intermedio donde hubiera una entrega de armas y obviamente, eso fue lo que se convino y bajo esa normatividad era la que están actuando tanto unos como otros, de modo que ahí no ha hecho un nuevo y ahora no hay la oportunidad para hacer consideraciones personales que se hubiera podido profundizar más, que se hubiera podido arreciar más, eso era una normatividad que sé que se conocía y obviamente la están aplicando los miembros
Miembros del secretariado de la extinta guerrilla
- Rodrigo Londoño Echeverry ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’: Ingresó a las Farc-EP en 1976. Desde 1982 hizo parte del Estado Mayor Central y entre 1987 y 1990 participó en creación del Bloque Oriental. En 1990 fue designado Coordinador del Bloque Magdalena Medio. En el año 2011 fue designado máximo comandante de las Farc-EP, lideró el proceso de paz que culminó en su reincorporación a la vida civil en 2016.
- Pablo Catatumbo Torres Victoria: Ingresó a las Farc-EP en 1972. Entre 1986 y hasta 1991 transitó entre los Frentes 27 y 31. En 2008 fue nombrado suplente del Secretariado y permaneció desde ese momento cerca de ‘Alfonso Cano’, quien murió en 2011. Catatumbo fue nombrado miembro titular del Secretariado ese año y asumió la dirección del Comando Conjunto Central, del Bloque Occidental y del Bloque Móvil Arturo Ruiz. En 2012 representó a las Farc-EP en el proceso de paz con el Gobierno colombiano.
- Pastor Lisandro Alape Lascarro: En 1979 ingresó a las Farc-EP, al Frente 4º, que operaba en el Magdalena Medio. En 1989 conformó el Frente 45° del Bloque Oriental, donde permaneció hasta 1993, cuando ingresó al Estado Mayor Central y fue designado comandante del Bloque Magdalena Medio, cargo que ejerció hasta la firma del Acuerdo Final de Paz. En paralelo, desde el 2012, además, fue coordinador del Bloque Noroccidental. En el 2014 ingresó a la comisión de diálogos de paz.
- Milton de Jesús Toncel – ‘Joaquín Gómez’: Ingresó al Frente 14 de las Farc-EP en 1984 hasta 1992, cuando fue nombrado segundo al mando del Bloque Sur, siendo el comandante Iván Márquez. Entre 1993 y 2016 fue comandante de ese bloque. En el año 2014 fue delegado como negociador de las Farc-EP con el Gobierno.
- Jaime Alberto Parra – ‘El médico’: En 1978 se unió a las Farc-EP, cuando era estudiante de medicina. Ingresó al Frente 9, que operaba en La Dorada, Caldas. En 1986 fue designado con Julián Gallo para conformar redes urbanas en Bogotá. Acompañó a ‘Manuel Marulanda’ y conformó comisiones de salud incluyendo la formación de enfermeros y la supervisión del hospital del Bloque Oriental. En el 2003 fue nombrado suplente del Secretariado y en el 2008 miembro titular. En el 2010 fue nombrado comandante del Bloque Oriental y seis años después el Acuerdo Final de Paz.
- Julián Gallo Cubillos – ‘Carlos Antonio Lozada’: En 1978, mientras cursaba el último año de bachillerato, ingresó como guerrillero raso a las Farc-EP en el Cauca. Desde 1984 tuvo la tarea de organizar redes urbanas en Bogotá, reclutando estudiantes universitarios y coordinando ataques militares. En el 2010 fue nombrado suplente del Secretariado. Ese año también fue nombrado segundo al mando del Estado Mayor del Bloque Oriental. En 2011 fue nombrado miembro titular del Secretariado, y desde el 2014 fue parte del equipo negociador de las Farc-EP en La Habana.
- Rodrigo Granda Escobar – ‘Ricardo Téllez’: Ingresó a las Farc-EP en 1987, tras los asesinatos de sus compañeros de la Unión Patriótica. Hizo parte de la Comisión Internacional -COMINTER de la guerrilla. En 2004 fue nombrado en el Estado Mayor del Bloque Caribe. Ese mismo año fue capturado y estuvo preso hasta el 2007, cuando el expresidente Álvaro Uribe, a solicitud del Gobierno de Francia, le otorgó la libertad condicional como gestor de paz, esperando que eso resultara en la liberación o en la mediación para la libertad de Ingrid Betancourt. Esto no sucedió y Granda retomó sus labores en el COMINTER y en el Estado Mayor del Bloque Caribe. En el 2011 fue nombrado suplente del Secretariado y en el 2012 fue delegado para participar en los diálogos de paz.
