La Jurisdicción Especial para la Paz emitirá hoy la primera sentencia contra el último Secretariado de las extintas Farc-EP por los secuestros. Siete miembros del secretariado de la extinta guerrilla comparecerán ante la Justicia Especial de Paz, después de reconocer su responsabilidad por secuestros y otros delitos cometidos durante el conflicto armado.
Por: Francy Villarreal Ruiz.
La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal realizará hoy a partir de las 7:00 de la mañana en la sede principal de la Jurisdicción Especial para la Paz, en la ciudad de Bogotá, la ceremonia de lectura de sentencia restaurativa contra siete comparecientes de la extinta guerrilla, quienes reconocieron responsabilidad por los secuestros y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio.
En este evento Colombia conocerá este martes las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP, contra siete integrantes del último secretariado de las antiguas FARC, responsables directos de miles de secuestros cometidos durante el conflicto armado.
“Este martes, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP da lectura a la sentencia restaurativa contra siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP, quienes reconocieron responsabilidad por los secuestros y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio”, señaló la JEP.
En este proceso, que hace parte del Caso 01 de la JEP, fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad 41 exintegrantes de la antigua guerrilla: Siete del último Secretariado, 10 exmandos medios del Comando Conjunto Central, ocho del Bloque Occidental, siete del Bloque Noroccidental cinco del Bloque Caribe y cuatro del Bloque Magdalena Medio.
La sentencia, catalogada como una «decisión histórica» por la propia JEP, será leída por la Sección de Reconocimiento de Verdad, que se ocupa de los casos en los que los acusados reconocen su responsabilidad y aportan a la verdad en el esclarecimiento del conflicto.
Los comparecientes son Rodrigo Londoño Echeverri –Timochenko, Pastor Alape, Jaime Alberto Parra “El Médico, Pablo Catatumbo, Milton de Jesús Toncel “Joaquín Gómez”, Julián Gallo “Carlos Antonio Lozada” y Rodrigo Granda “Ricardo Téllez”.
La JEP señaló que “fueron determinantes para la ejecución e implementación de la política de secuestro en todo el país”.
Los crímenes que atribuye la JEP
Además de los secuestros, la JEP concluyó que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo homicidios, torturas, violencia sexual, desaparición forzada y desplazamiento. Se les atribuyen tres patrones criminales de secuestro: financiación de la guerrilla, intercambio de cautivos por guerrilleros presos y control social y territorial.
Las victimas del caso
El macrocaso 001 investigó los secuestros de las FARC entre 1993 y 2016, con una cifra provisional de 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 ya fueron acreditadas ante el tribunal.
La JEP documentó daños emocionales, morales, económicos y a la salud mental de las víctimas, además de la pérdida de confianza y del tejido social.
Las sanciones
Los exjefes recibirán sanciones restaurativas de entre cinco y ocho años, que implican restricción de la libertad, pero no cárcel, junto con trabajos reparadores en beneficio de las víctimas. Los proyectos incluyen desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos, reparación de la memoria y recuperación ambiental.
Otros 34 miembros de bloques regionales de las FARC también han sido imputados y reconocieron su participación.
Etapa preliminar
Durante la etapa preliminar, identificada como el caso 01, la JEP escuchó las versiones de 402 exintegrantes de las Farc y realizó un análisis detallado de más de 1.200 escritos provenientes de víctimas.
Además, otras 795 víctimas presentaron observaciones y comentarios sobre los testimonios de los exguerrilleros, lo que fortaleció el componente de participación y contraste en la búsqueda de la verdad.
El tribunal ha considerado que la decisión adoptada, centrada en la responsabilidad aceptada por los principales exlíderes de la extinta guerrilla y en la participación masiva de las víctimas, representa un avance en el camino hacia la justicia y la reparación integral.
Informe previo de los excomandantes
En la antesala de la sentencia, los comparecientes y máximos responsables presentaron a la JEP un informe de acciones cumplidas desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, que incluye participación en audiencias, encuentros con víctimas, foros, debates y labores de búsqueda de desaparecidos.
El documento está firmado por Rodrigo Londoño “Timochenko”, Julián Gallo “Carlos Antonio Lozada”, Jaime Parra “El Médico”, Milton de Jesús Toncel “Joaquín Gómez”, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Rodrigo Granda.
En el texto, aseguran que el Acuerdo de Paz constituye “el mayor aporte a la reparación de las víctimas, a la garantía de no repetición y el mejor legado para las próximas generaciones”.
También resaltan su decisión de poner fin a cinco décadas de confrontación armada mediante la vía política y negociada.
Otros fallos
Antes del fallo de la JEP por ‘falsos positivos’, la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP se alista para dictar el 18 de septiembre su primera sentencia sobre ejecuciones extrajudiciales en el subcaso Caribe, que involucra a doce exintegrantes del Batallón de Artillería La Popa de Valledupar, imputados por 135 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos entre 2002 y 2005.
El proceso, que forma parte del macrocaso 003, abarca crímenes perpetrados en los departamentos de Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena, afectando principalmente a miembros de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, así como a integrantes de los consejos comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla.
Durante una de las etapas más violentas del conflicto armado colombiano, civiles inocentes fueron presentados como bajas en combate para inflar resultados militares, según información recabada por la revista Cambio.
El caso de Luis Eduardo Oñate, indígena wiwa ejecutado en 2004, fue presentado como un “positivo” en la prensa local, lo que llevó a su hermana, Osmaira Nieves Oñate, a conservar la publicación y presentarla ante la JEP.
Las víctimas esperan la implementación de los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador-Restaurador (Toar), una medida de justicia restaurativa prevista para los exmilitares responsables.
ARN en las sanciones propias de la JEP
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización desempeñará un rol clave en la ejecución de las sanciones propias que, próximamente, dará a conocer la JEP en contra de quienes hoy comparecen ante este tribunal.
La Agencia liderará la ejecución de la subcuenta ‘Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas’, creada para diseñar, coordinar, implementar y hacer seguimiento a las acciones restaurativas y comunitarias que deben cumplir los comparecientes de las extintas Farc-EP y de la Fuerza Pública en cumplimiento de las órdenes judiciales. Las primeras sanciones se darán a conocer esta semana, según anunció la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP.
Con esta subcuenta, el Gobierno Nacional asegura los recursos para financiar las actividades priorizadas de los proyectos restaurativos y medidas de contribución. La bolsa ya cuenta con una apropiación inicial de 20 mil millones de pesos.
El papel de la ARN no se limita ejecutar los recursos. La entidad acompañará a los comparecientes para que las sanciones se materialicen de manera efectiva y restaurativa, aportando a la verdad y a la no repetición del conflicto armado. Todo esto en coordinación con las entidades competentes vinculadas a las órdenes que emitirá el tribunal especial.
¿Por qué la ARN lidera esta subcuenta?
La ARN lidera estas iniciativas por su experiencia en la ejecución de programas orientados a la no repetición del conflicto armado, como el Programa de Reincorporación Integral -PRI y el acompañamiento a comparecientes de la fuerza pública ante la JEP.
En abril de este año, la ARN y la JEP firmaron un memorando de entendimiento para trabajar conjuntamente en la garantía del cumplimiento de las decisiones judiciales. Esta articulación permite que las sanciones no se queden en el papel, sino que se traduzcan en acciones que restauran los daños causados a víctimas, comunidades y territorios.
Con esta labor, la ARN contribuye a que las sanciones de la JEP sean efectivas y restaurativas, se fortalezca la justicia y se contribuya a la no repetición del conflicto armado y la implementación del Acuerdo Final de Paz.
- Rodrigo Londoño Echeverry ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’: Ingresó a las Farc-EP en 1976. Desde 1982 hizo parte del Estado Mayor Central y entre 1987 y 1990 participó en creación del Bloque Oriental. En 1990 fue designado Coordinador del Bloque Magdalena Medio. En el año 2011 fue designado máximo comandante de las Farc-EP, lideró el proceso de paz que culminó en su reincorporación a la vida civil en 2016.
- Pablo Catatumbo Torres Victoria: Ingresó a las Farc-EP en 1972. Entre 1986 y hasta 1991 transitó entre los Frentes 27 y 31. En 2008 fue nombrado suplente del Secretariado y permaneció desde ese momento cerca de ‘Alfonso Cano’, quien murió en 2011. Catatumbo fue nombrado miembro titular del Secretariado ese año y asumió la dirección del Comando Conjunto Central, del Bloque Occidental y del Bloque Móvil Arturo Ruiz. En 2012 representó a las Farc-EP en el proceso de paz con el Gobierno colombiano.
- Pastor Lisandro Alape Lascarro: En 1979 ingresó a las Farc-EP, al Frente 4º, que operaba en el Magdalena Medio. En 1989 conformó el Frente 45° del Bloque Oriental, donde permaneció hasta 1993, cuando ingresó al Estado Mayor Central y fue designado comandante del Bloque Magdalena Medio, cargo que ejerció hasta la firma del Acuerdo Final de Paz. En paralelo, desde el 2012, además, fue coordinador del Bloque Noroccidental. En el 2014 ingresó a la comisión de diálogos de paz.
- Milton de Jesús Toncel – ‘Joaquín Gómez’: Ingresó al Frente 14 de las Farc-EP en 1984 hasta 1992, cuando fue nombrado segundo al mando del Bloque Sur, siendo el comandante Iván Márquez. Entre 1993 y 2016 fue comandante de ese bloque. En el año 2014 fue delegado como negociador de las Farc-EP con el Gobierno.
- Jaime Alberto Parra – ‘El médico’: En 1978 se unió a las Farc-EP, cuando era estudiante de medicina. Ingresó al Frente 9, que operaba en La Dorada, Caldas. En 1986 fue designado con Julián Gallo para conformar redes urbanas en Bogotá. Acompañó a ‘Manuel Marulanda’ y conformó comisiones de salud incluyendo la formación de enfermeros y la supervisión del hospital del Bloque Oriental. En el 2003 fue nombrado suplente del Secretariado y en el 2008 miembro titular. En el 2010 fue nombrado comandante del Bloque Oriental y seis años después el Acuerdo Final de Paz.
- Julián Gallo Cubillos – ‘Carlos Antonio Lozada’: En 1978, mientras cursaba el último año de bachillerato, ingresó como guerrillero raso a las Farc-EP en el Cauca. Desde 1984 tuvo la tarea de organizar redes urbanas en Bogotá, reclutando estudiantes universitarios y coordinando ataques militares. En el 2010 fue nombrado suplente del Secretariado. Ese año también fue nombrado segundo al mando del Estado Mayor del Bloque Oriental. En 2011 fue nombrado miembro titular del Secretariado, y desde el 2014 fue parte del equipo negociador de las Farc-EP en La Habana.
- Rodrigo Granda Escobar – ‘Ricardo Téllez’: Ingresó a las Farc-EP en 1987, tras los asesinatos de sus compañeros de la Unión Patriótica. Hizo parte de la Comisión Internacional -COMINTER de la guerrilla. En 2004 fue nombrado en el Estado Mayor del Bloque Caribe. Ese mismo año fue capturado y estuvo preso hasta el 2007, cuando el expresidente Álvaro Uribe, a solicitud del Gobierno de Francia, le otorgó la libertad condicional como gestor de paz, esperando que eso resultara en la liberación o en la mediación para la libertad de Ingrid Betancourt. Esto no sucedió y Granda retomó sus labores en el COMINTER y en el Estado Mayor del Bloque Caribe. En el 2011 fue nombrado suplente del Secretariado y en el 2012 fue delegado para participar en los diálogos de paz.
- Juan Ermilo Cabrera – Bertulfo Álvarez: También fue imputado por la Sala como máximo responsable por los secuestros de la antigua guerrilla, pero su proceso judicial terminó tras su muerte en 2021.
