La Contraloría General advirtió que la Nueva EPS enfrenta un deterioro financiero y operativo que la hace inviable, comprometiendo la atención de más de 11 millones de usuarios.
DIARIO DEL HUILA, SALUD
El futuro de la Nueva EPS, la aseguradora más grande de Colombia con más de 11,5 millones de afiliados, pende de un hilo. Un informe de 82 páginas de la Contraloría General, revelado por la revista Cambio, concluye que la entidad enfrenta un deterioro financiero y operativo que la hace inviable estructuralmente, proyectando su colapso a finales de 2025.
La auditoría detalla que, entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, la deuda de la entidad se disparó en un 198%, pasando de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones. De mantenerse la tendencia, el pasivo alcanzaría los 26,39 billones al cierre de 2025. El patrimonio tampoco ofrece un respiro: de un saldo positivo de 485.209 millones en 2022, descendió a -6,25 billones en marzo de 2025, con proyecciones de cerrar el año en -9,16 billones.
La Contraloría advierte que esta situación compromete no solo la continuidad de la Nueva EPS, sino también la estabilidad del sistema de salud en su conjunto.
Consecuencias para los usuarios
El deterioro financiero tiene un correlato directo en el servicio a los afiliados. El número de peticiones, quejas y reclamos (PQR) aumentó un 151,6% entre 2022 y el primer semestre de 2025, pasando de 177.479 a 446.520. Los motivos más recurrentes: demoras en la atención, trámites administrativos y negación de autorizaciones.
En paralelo, se registraron 271.203 tutelas en el mismo periodo, con un récord de 66.135 solo en el primer semestre de 2025. El informe concluye que las medidas adoptadas por la entidad no han logrado frenar la judicialización del derecho a la salud.
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Irregularidades contractuales
El informe también señala graves riesgos en la contratación. Entre 2022 y 2025, la EPS reportó relaciones con 48 personas jurídicas, pero solo presentó información completa de 45. Además, se identificaron nueve uniones temporales con vínculos no formalizados, lo que genera alertas fiscales y jurídicas.
Uno de los nombres más mencionados es el de Carlos Alberto Flórez Polanía, representante legal de Bienestar IPS, vinculada a varias uniones temporales. Bienestar IPS forma parte de Zentria, brazo en salud del Grupo Patria, señalado previamente en investigaciones periodísticas por concentración de contratos.
Anticipos y reservas técnicas
La auditoría encontró que los anticipos sin legalizar crecieron un 155% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, pasando de 3,4 billones a 8,6 billones. En el primer semestre de 2025 sumaron otros 6,6 billones, acumulando 15,31 billones. El 97% de este monto corresponde a 2024 y 2025, aunque persisten registros con más de cinco años de antigüedad.
A esto se suma una subestimación de las reservas técnicas por 11,1 billones, derivada del traslado de deudas a periodos futuros. Según la Contraloría, esta práctica distorsiona la realidad financiera y amenaza la sostenibilidad.
Facturación y gestión interna
La entidad acumula facturas pendientes por auditar por 13,17 billones entre 2020 y 2025, de las cuales el 99% corresponde a 2024 y el primer semestre de 2025. Enrique Lanchero, vicepresidente de Transformación Digital, explicó que la falta de tecnología adecuada obliga a una gestión manual, incrementando la vulnerabilidad operativa.
Contexto político
La intervención de la Nueva EPS fue decretada en abril de 2024, tras el fracaso de la reforma a la salud y ante una crisis financiera creciente. El presidente Gustavo Petro defendió la medida como necesaria para “salvar el sistema”, acusando a la administración anterior de maquillar cifras y ocultar deudas.
Sin embargo, el informe de la Contraloría desmonta este discurso: lejos de mejorar, la situación se agravó en los 18 meses de intervención. El órgano de control concluye que ni el objetivo de salvar ni el de liquidar la entidad se ha cumplido, dejando a millones de usuarios en una incertidumbre que amenaza con convertirse en caos sanitario.
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