El presidente Gustavo Petro sugirió recientemente que la Corte Constitucional debería reconsiderar su sentencia que prohíbe el uso del herbicida; sin embargo, desde el Ministerio de Justicia la respuesta fue clara: el camino para reactivar la aspersión aérea está lleno de obstáculos jurídicos y científicos.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, afirmó que las restricciones fijadas por la Corte Constitucional y el principio de protección de los derechos fundamentales hacen que la propuesta presidencial sea “un camino de recorrer supremamente difícil”.
Montealegre explicó que, de llegar a aplicarse, la aspersión aérea con glifosato no podría convertirse en una política de carácter general, sino en una medida excepcional y bajo estrictos límites. Entre ellos, mencionó la necesidad de garantizar mecanismos que reduzcan los daños de la aspersión, respetar la proporcionalidad de la medida y atender la evidencia científica sobre los riesgos cancerígenos del químico.
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“El principio de precaución obliga a proteger la salud y el ambiente. Por ahora, Colombia tendrá que mantener su prohibición total del glifosato y sólo en circunstancias extraordinarias, cuando se cumplan estos principios, podría darse un giro radical en la lucha contra el narcotráfico”, enfatizó el jefe de la cartera de Justicia.
El pronunciamiento se dio en un evento en la Cancillería, días después de que Petro publicara un mensaje en el que planteaba la necesidad de que la Corte Constitucional revaluara su decisión frente al uso del herbicida.
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