La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez solicitó a la Corte Suprema de Justicia mantener en firme el fallo que revocó su medida de detención domiciliaria, mientras las víctimas del proceso insisten en que se revoque la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.
DIARIO DEL HUILA, NACIONAL
La controversia judicial en torno al expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue su curso. Tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar su libertad el pasado 19 de agosto, la defensa del exmandatario elevó una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para que mantenga en firme el fallo, en medio de los recursos de impugnación interpuestos por las víctimas reconocidas en el proceso.
El abogado Jaime Granados Peña, representante de Uribe, presentó un escrito en calidad de “no recurrente”, en el que argumentó que no existen fundamentos jurídicos suficientes para que la Corte Suprema revoque la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. En su concepto, el fallo que anuló la medida de detención domiciliaria contra el expresidente se ajusta plenamente a la jurisprudencia constitucional y debe respetarse en su integridad.
Los argumentos de la defensa
Granados pidió rechazar de plano las pretensiones de la impugnación presentada por las víctimas reconocidas, entre ellas el senador Iván Cepeda y el exfiscal y actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Según el documento, los impugnantes no demostraron por qué razón el recurso de apelación resultaría idóneo o eficaz para salvaguardar los derechos en disputa.
El abogado enfatizó que los demandantes no dieron argumentos concretos que obligaran al Tribunal a apartarse de la línea jurisprudencial fijada por la Corte Constitucional sobre la procedencia de la tutela en casos de privación de la libertad. Para Granados, los recursos presentados desconocen por completo los precedentes constitucionales y buscan reabrir un debate jurídico ya resuelto.
“Los impugnantes pretenden cuestionar el fallo bajo la premisa de que abordó el tema de la procedencia de la tutela desde un análisis abstracto y no concreto, particularmente en lo relacionado con la idoneidad y eficacia de la apelación como recurso procesal”, señaló el escrito de la defensa.
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La decisión del Tribunal
El fallo del 19 de agosto fue contundente frente a la detención domiciliaria que pesaba sobre Uribe. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá cuestionó los argumentos expuestos por la jueza 44 de conocimiento, quien había avalado la medida de aseguramiento.
El magistrado ponente, Leonel Rogeles Moreno, señaló en su decisión que resultaba “ininteligible” justificar la privación de la libertad como un requisito para la convivencia pacífica y el orden social. En el análisis, el Tribunal advirtió que no existían pruebas sobre posibles riesgos de fuga que sustentaran la medida de aseguramiento.
Asimismo, recordó que las medidas restrictivas de la libertad en un Estado de derecho no pueden apoyarse en supuestos riesgos futuros o en conjeturas derivadas del reconocimiento social del acusado, sino en hechos objetivos y verificables. En este caso, la jueza no presentó motivaciones específicas que justificaran la necesidad de mantener a Uribe bajo arresto domiciliario.
Factores tenidos en cuenta
El Tribunal también valoró elementos adicionales como la ausencia de antecedentes penales, disciplinarios o fiscales del expresidente, su fuerte arraigo familiar y social, y el hecho de que siempre ha reportado un mismo domicilio donde reside con su esposa. Estos factores reforzaron la conclusión de que no había razones suficientes para mantenerlo privado de la libertad.
Lo que viene
Ahora, la decisión está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver el recurso de impugnación presentado por las víctimas. Mientras la defensa insiste en la firmeza del fallo que otorgó la libertad, los representantes de las víctimas esperan que la Corte revoque la determinación del Tribunal y restablezca la medida de aseguramiento.
El pronunciamiento que emita la Corte en los próximos días será clave para definir el rumbo del proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez, que sigue siendo uno de los casos más sensibles y mediáticos de la justicia colombiana.
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