Mediante un Derecho de Petición se espera que el gobierno nacional entregue información de cómo finalmente, quedaron establecidas las tarifas convencionales y diferenciales para el peaje, que sin duda ha sido motivo de protestas por parte de la comunidad que señala impacta su economía de forma negativa. El peaje fue vandalizado el pasado mes de marzo, dejando un reporte millonario en afectaciones.
Por: Francy Villarreal Ruiz
El tramo de la Ruta 45 en el departamento del Huila se ha convertido en un campo de batalla donde se enfrentan la necesidad de modernización vial y el descontento de las comunidades locales.
El epicentro de esta disputa es el peaje Laberinto, una estación de cobro que, pese a aún no estar en pleno funcionamiento, ya ha desatado una ola de protestas, vandalismo y debates en las esferas políticas y sociales de la región.
El peaje Laberinto, ubicado en la Unidad Funcional 2 de la Ruta 45 entre los municipios de El Hobo y Gigante, en el centro del departamento del Huila, y forma parte de un ambicioso proyecto de concesión para la mejora de la vía que conecta Neiva con Mocoa y Santana.
En diferentes espacios convocados por gremios, transportadores y comunidades, la Concesión Ruta al Sur S.A.S. ha defendido la necesidad del cobro para financiar las obras de infraestructura, consideradas estratégicas para la conectividad del sur del país.
El peaje Laberinto en la Ruta 45, ubicado entre los municipios de Hobo y Gigante, en el departamento del Huila, fue quemado en la madrugada del miércoles 12 de marzo de 2025.
De acuerdo con información de las autoridades, los autores del hecho, fue un grupo aproximadamente de 100 personas, presuntamente miembros de comunidades indígenas, quienes protagonizaron el ataque, incendiando las instalaciones que aún se encontraban en construcción.
El acto causó graves daños materiales y llevó a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI a condenar el hecho y a tomar medidas para su investigación, y reconstrucción que compromete el destinar importantes recursos para su recuperación.
Las problemáticas
El rechazo a este nuevo peaje se fundamenta en varias problemáticas, sin duda la primera la que ha manifestado la comunidad y las autoridades locales y líderes políticos de diferentes localidades, quienes argumentan que el nuevo peaje se sumaría a otros dos ya existentes, imponiendo una carga económica insostenible sobre los habitantes del Huila, especialmente en un momento de dificultades económicas.
Asimismo, el sector productivo y la ciudadanía en general han expresado su preocupación por el impacto que la medida tendría en sus economías y actividades diarias, en el caso de los transportadores el cobro incrementaría el precio de los fletes que terminaría afectando a los productores.
Además, el descontento se ha visto exacerbado por el lento avance de las obras. La población local se queja de que, mientras el cobro de peajes avanza, la infraestructura prometida se mantiene en el limbo. Que para este caso, señala el tramo clave en la construcción del viaducto de Pericongo o las glorietas de Pitalito, obras que han generado una sensación de que los recursos recaudados no se ven reflejados en una mejora tangible de la movilidad y seguridad vial.
Tema sobre la mesa
Ante este panorama, se han propuesto desde diferentes escenarios, varias alternativas para mitigar el impacto del peaje.
Por ejemplo, en el Senado, se ha sugerido que el Estado asuma el proyecto como una obra pública o que se posponga el inicio del cobro hasta la finalización total de la vía. La ANI, por su parte, ha manifestado su disposición a estudiar la implementación de tarifas diferenciales para los residentes de la región, una medida que podría aliviar la carga económica sobre la población más afectada.
Sin duda, el futuro de este peaje que aún no ha sido puesto en funcionamiento, y de la Ruta 45 dependerá de la capacidad de los actores involucrados para encontrar soluciones que beneficien a todos, antes de que el «laberinto» de la discordia se convierta en un conflicto irreconciliable.
Reclamo por las tarifas
Comunidad, sectores productivos, transportadores y gremios de la zona sur del departamento del Huila han intensificado sus inconformidades para exigir una pronta revisión y eventual reducción de las tarifas del peaje Laberinto.
Las reclamaciones, que no son nuevas, han cobrado fuerza ante lo que la comunidad califica como tarifas exorbitantes, y desproporcionadas que afectan directamente la economía local y la competitividad de la región.
La situación ha generado un cuello de botella económico para agricultores que movilizan sus productos, para pequeños comerciantes y para los transportadores de pasajeros y carga.
Llamado a las autoridades
El alto costo del peaje ha tenido un impacto negativo en diversos sectores. Transportadores de carga reportan una disminución en la rentabilidad de sus viajes, lo que ha llevado a un posible aumento en los precios de los productos básicos.
De igual forma, el turismo, una de las principales fuentes de ingresos en la región, podría verse afectado, ya que los costos de desplazamiento se elevan, desincentivando a los visitantes a viajar por carretera.
Ante esta situación, desde diferentes sectores, incluida la Cámara de Comercio del Huila, han hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI y a la empresa concesionaria para que se establezca una mesa de diálogo y se busquen soluciones concretas.
Entre las propuestas que se barajan se incluyen la reestructuración de las tarifas, la implementación de tarifas diferenciales para vehículos de la región y la revisión de los términos del contrato de concesión.
Respuesta de la concesión y el gobierno
Hasta el momento, la empresa concesionaria no ha emitido una declaración oficial detallada sobre las reclamaciones. Sin embargo, se conoce que en reuniones previas con autoridades locales han manifestado que las tarifas están amparadas por el contrato de concesión y que los recursos recaudados se invierten en el mantenimiento y operación de la vía.
Por su parte, las autoridades del gobierno regional han expresado su apoyo a la comunidad y han manifestado que están intermediando para lograr un acuerdo que beneficie a ambas partes.
Voces desde la Asamblea
El diputado Edwin Arbey Barajas, en uso de las acciones constitucionales que como ciudadano y en representación de la ciudadanía de la región; especialmente de las comunidades de los municipios de Tesalia, de Paicol, Nátaga, La Plata y la Argentina, presentó un derecho de petición dirigido al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la concesionaria Ruta al Sur, solicitando se informe detalladamente, lo relacionado con la puesta en funcionamiento al peaje Laberinto.
“Queremos saber si ya se hicieron los estudios correspondientes como lo exige la normatividad, el Decreto 787 de la Ley 787 en su artículo primero, literal D, exige que hayan tasas diferenciales para los municipios y vehículos que no van a tener un recorrido largo y son trayectos cortos, como lo son los municipios del centro y el occidente del Huila, que esas tasas diferenciales sean aplicadas porque esto va a tener un gran impacto en el desarrollo económico, en la economía de estos municipios de los vehículos que van a transitar por estos recorridos”, manifestó Barajas.
Agregó Barajas que para el caso de la zona occidente es un recorrido escaso de 62 km que va desde la ciudad de Neiva hasta el punto Puerto Seco, donde se va a tener que pagar dos peajes.
“Frente a esto, le estamos pidiendo a la Agencia Nacional de Infraestructura, al Ministerio de Transporte que hagan unos estudios especiales como lo exige la norma como lo debe hacer para que apliquen tarifas diferenciales para los vehículos de estos sectores”.
Reclamos y protestas reales sobre el peaje
Estos son algunos de los puntos clave que se han reportado sobre la ubicación del peaje y los cobros del mismo:
• Rechazo a su instalación: El Concejo de Pitalito y otras comunidades indígenas y transportadoras han manifestaron desde el inicio, su oposición a la construcción e implementación de este peaje. Alegaron que sumaría otro punto de cobro en un tramo ya congestionado de la vía, afectando la economía local.
• Actos de vandalismo: El peaje, fue objeto de ataques en marzo de 2025, donde un grupo de encapuchados incendió las instalaciones, causando daños materiales significativos. La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI y la concesionaria «Ruta al Sur» condenaros los actos.
• Contrato de concesión: Se menciona que el peaje hace parte de un contrato de concesión, el No. 012 de 2015, que ha sido modificado. La comunidad y las autoridades locales han solicitado al Gobierno Nacional reconsiderar el proyecto o explorar alternativas de financiación.
• Tarifas diferenciales: Se ha propuesto la posibilidad de implementar tarifas diferenciales para los habitantes de la región como una forma de mitigar el impacto económico del peaje.
