Carlos Yepes A.
En el Congreso de la República avanza una iniciativa que podría cambiarle el rumbo a miles de jóvenes que han cargado sobre sus hombros una deuda silenciosa y pesada: los créditos educativos con el ICETEX. El Proyecto de Ley 328 de 2024, ya aprobado en primer debate y con ponencia positiva para segundo, propone un conjunto de medidas de amnistía y alivio financiero para quienes tienen obligaciones pendientes con esta entidad. Y lo más importante: incluye a quienes desertaron, no terminaron sus estudios o han incumplido acuerdos anteriores.
Para regiones como el Huila, donde la educación superior aún es un anhelo esquivo para muchos, este proyecto representa un verdadero alivio. ¿Cuántos jóvenes del norte, centro o sur del departamento han tenido que abandonar sus carreras por no poder seguir pagando, acumulando intereses impagables y quedando marcados en centrales de riesgo? Esta ley no solo condona hasta el 100% de los intereses y hasta el 50% del total de la deuda, sino que ofrece acuerdos de pago razonables y permite el uso de cesantías para cubrir saldos pendientes. Un alivio real, necesario y urgente.
Pero hay un punto que merece especial atención en el Huila: los fondos propios de crédito educativo que funcionan en alianza con el ICETEX, como el Fondo Jenaro Díaz Jordán. Este fondo, que ha beneficiado históricamente a estudiantes huilenses, podrá acogerse a los alivios siempre que la Asamblea Departamental así lo autorice. Esto abre una ventana concreta de oportunidad: si las autoridades locales actúan con diligencia y compromiso, cientos de estudiantes del Huila podrían ver reducidas o condonadas sus deudas.
No es solo una política financiera. Es una medida de justicia social. Los estudiantes no deberían cargar con el fracaso estructural del acceso a la educación en Colombia. Esta ley, si se aplica bien, puede devolverle la esperanza a una generación marcada por la incertidumbre económica.
El llamado es entonces doble: al Gobierno, para que promulgue esta ley cuanto antes, y a nuestras autoridades territoriales, para que la acojan con voluntad política. Que los beneficios de esta iniciativa no se queden en el papel ni en los grandes centros urbanos. Que lleguen también al joven de Rivera que sueña con ser ingeniero, a la estudiante de Garzón que quiere ser médica, al bachiller de Pitalito que necesita una segunda oportunidad.
Esta es una deuda que no se mide en pesos: se mide en futuro. Y saldarla es responsabilidad de todos.
