El atentado contra el representante Julio César Triana en La Plata, Huila, abrió un nuevo frente de confrontación entre el congresista de Cambio Radical y el presidente Gustavo Petro.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
El atentado ocurrido el pasado 13 de agosto en La Plata, Huila, contra el representante a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, sigue generando un fuerte cruce de declaraciones entre el congresista y el presidente Gustavo Petro. Mientras el mandatario sostiene que lo sucedido no tuvo motivaciones políticas, Triana insiste en que es deber del Estado garantizar la seguridad y advierte que minimizar los hechos solo legitima la presencia de grupos armados ilegales en la región.
La polémica se avivó luego de que Petro reaccionara en redes sociales a la solicitud de Cambio Radical ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se otorguen medidas cautelares a favor de su bancada. En un trino, el presidente aseguró:
“Tengo que informar que el representante Triana no recibió un ataque por razones políticas. Se metió a un retén de bandidos que ya llevaban varios autos hurtados. La escolta que el Gobierno le puso al representante fue capaz de sacarlo del peligro”.
Con estas palabras, el mandatario dejó entrever que el hecho obedeció a la acción de delincuentes comunes y no a un atentado dirigido contra el congresista.
“Yo recorro el Huila porque es mi derecho”
La respuesta de Triana no se hizo esperar. En un extenso pronunciamiento, cuestionó la versión del jefe de Estado y defendió su derecho a movilizarse por su departamento.
“Presidente @petrogustavo, yo no ando buscando retenes de bandidos. Yo recorro el Huila porque es mi derecho como congresista y como líder político, así como usted también lo hizo en su momento. Es el Estado el que tiene el deber de garantizar que podamos movernos seguros”, expresó.
El representante acusó al presidente de invertir la realidad al responsabilizar a los ciudadanos de la inseguridad y no reconocer la incapacidad del Estado para brindar protección. “¿O lo que usted pretende decir es que ya no podemos recorrer nuestros territorios porque eso equivale a ‘buscar retenes’? (…) Al reconocer la existencia de retenes ilegales y no actuar contra ellos, usted termina legitimando la impunidad de los criminales”, añadió.
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Reclamos directos al Gobierno
En su réplica, Triana formuló varias inquietudes. Primero, cuestionó si la Fiscalía General de la Nación ya concluyó las investigaciones, pues a su juicio el presidente estaría adelantándose a funciones que no le corresponden.
En segundo lugar, criticó que Petro se refiera a los responsables como “bandidos”, cuando en realidad —según Triana— se trata de disidencias de las Farc que operan en la región. “Deje de legitimar o de proteger con eufemismos a estos criminales”, afirmó.
El congresista también enumeró hechos recientes de violencia en el Huila: la motobomba en La Plata que dejó dos muertos y más de 30 heridos; el aumento del reclutamiento forzado de menores en un 300 % desde 2022; y el incremento del secuestro en un 200 %. Según sus datos, La Plata pasó de registrar cero actos de terrorismo a acumular diez en lo corrido de 2025.
Finalmente, reprochó que el Gobierno no haya atendido la solicitud de crear un Batallón de Alta Montaña en la zona para enfrentar a los grupos ilegales. “Hoy tienen a toda una población atemorizada y amenazada”, concluyó.
Cambio Radical pide medidas cautelares
El caso de Triana motivó a Cambio Radical a solicitar ante la CIDH medidas cautelares para todos sus congresistas. La petición fue radicada el 26 de agosto por el director del partido, Germán Córdoba Ordóñez, quien alertó sobre un patrón creciente de amenazas, estigmatización y agresiones contra la oposición.
“Todas las amenazas que se han recibido han sido denunciadas ante la Fiscalía, informadas oportunamente a la Unidad Nacional de Protección e incluso a organizaciones internacionales, pero no se han adoptado medidas contundentes para contrarrestar estos riesgos”, señaló Córdoba.
La bancada de Cambio Radical está compuesta por 29 congresistas (18 representantes y 11 senadores). Entre los casos más graves está el de la representante Lina María Garrido, amenazada por el ELN y disidencias de las Farc, que incluso le advirtieron que no podía regresar a Arauca, el departamento que representa.
Debate abierto
El atentado contra Triana, en el que su vehículo recibió al menos ocho impactos de bala, no solo evidenció los riesgos de seguridad en el Huila, sino que abrió un debate nacional sobre la manera en que el Gobierno aborda el conflicto con los grupos armados.
Mientras Cambio Radical exige garantías y denuncia un ambiente hostil hacia la oposición, el presidente Petro insiste en que muchos de los hechos violentos no responden a razones políticas, sino a la acción de actores criminales en territorios históricamente golpeados por el conflicto.
Lo cierto es que la tensión entre el mandatario y el congresista refleja el clima de inseguridad que viven varias regiones del país y la necesidad de que las instituciones fortalezcan las medidas de protección, en un momento en que la violencia política vuelve a preocupar en Colombia.
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