El sector ganadero en el departamento ha lanzado una voz de alerta por el creciente viacrucis que está presentando este importante renglón de la economía regional, porque se han venido incrementando los delitos de abigeato y carneo, sin que existan controles eficaces de las autoridades que son desbordados por bandas delincuenciales que en muchas ocasiones son protegidas por las organizaciones narcoterroristas que operan en la región. El hurto de ganado es una forma antigua que está permeando el bienestar del sector ganadero, por sus implicaciones económicas, que se remonta desde tiempos pretéritos, que a medida que transcurren los años, empiezan a generar nuevos rostros por la manera como se cometen esta clase de delitos contra el patrimonio de este importante renglón de la economía. Estas organizaciones criminales se encargan de hurtar los bovinos, flagelo que cada día está en auge, provocando con ello, un mayor contrabando de carne que se expende en los mataderos ilícitos.
Es un flagelo difícil de combatir en el siglo XXI, pero que, si se fortalece la colaboración ciudadana con las autoridades, se puede contrarrestar el mismo y disminuir estos casos que hacen metástasis negativa en los ingresos de los ganaderos. Los retenes policiales y militares deben ser más exigentes en la revisión y procedencia de los camiones transportadores de estos semovientes y de cárnicos sin conocer su procedencia. Y como si fuera poco, ahora las invasiones de tierras se han convertido en dolor de cabeza para los campesinos, en los municipios de La Plata y Argentina. Han ocurrido invasiones inesperadas e ilegales de predios por ciertos grupos delincuenciales a sus fincas. Infortunadamente, la orden de la Casa de Nariño es que la Fuerza Pública, ni las Fuerzas Militares pueden intervenir en el momento que estos delincuentes desarrollen estos actos criminales. Se está volviendo un paisaje. No los pueden tocar. Las ocupaciones se han convertido en algunas ocasiones en negocios de los tierreros y en otras, son una forma de protesta contra el incumplimiento en la entrega de terrenos por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Son familias que llevan años reclamando y que, ante la falta de soluciones, optan por invadir predios públicos y privados.
Las autoridades han confirmado que las invasiones corresponden a campesinos de la región que desde hace años esperan la asignación de tierras por parte del Gobierno Nacional. Las comunidades se encuentran desperadas con el actuar del gobierno nacional. Cuentan los meses, semanas, horas, minutos y segundos que les queda, para que termine este viacrucis de inseguridad que están viviendo las familias colombianas. En las próximas justas electorales, les van a pasar una cuenta de cobro por todos los exabruptos que han cometido en su incoherente accionar gubernamental, así los áulicos del ejecutivo, estén soñando con obtener un triunfo arrollador y que les permita continuar con este desastre social.
