Las aguas del Caribe se han convertido en el nuevo escenario de fricción entre Washington y Caracas. Mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región con destructores, cruceros y submarinos de propulsión nuclear, el gobierno de Nicolás Maduro ha optado por acudir a las Naciones Unidas en busca de respaldo.
El canciller venezolano, Yván Gil, informó a través de un comunicado que se elevó una petición formal al secretario general de la ONU, advirtiendo que la maniobra estadounidense “constituye una gran amenaza a la paz y la seguridad regionales”. Según el documento, la presencia de buques de guerra cerca de las costas venezolanas contradice los principios de la Carta de la ONU, que exhorta a los Estados a abstenerse del uso de la fuerza contra la integridad territorial de otras naciones.
El despliegue norteamericano no es menor. A las naves ya anunciadas —el destructor USS Gravely, la fragata USS Jason Dunham y el USS Sampson— se sumarían el crucero de misiles guiados USS Lake Erie y el submarino de ataque rápido USS Newport News, conformando una flota con alrededor de 4.000 marineros e infantes de marina. Washington asegura que estas operaciones buscan reforzar la seguridad y vigilancia en el Caribe, aunque en Caracas lo interpretan como un acto de intimidación directa.
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En paralelo, el régimen chavista ha intensificado su campaña de alistamiento militar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a la Milicia Bolivariana —cuerpo creado por Hugo Chávez en 2008 y conformado por reservistas y civiles— adelanta ejercicios para fortalecer sus capacidades defensivas frente a lo que consideran una amenaza inminente.
La solicitud de Caracas ante la ONU reclama el “cese inmediato del despliegue militar estadounidense”, en un intento de trasladar el pulso geopolítico a los escenarios multilaterales.
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