El ente de control advirtió un déficit de 500.000 millones de pesos que amenaza con frenar el Programa de Alimentación Escolar en 53 entidades territoriales. La continuidad del servicio depende de una adición presupuestal que aún no ha sido girada por el Gobierno.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
La Contraloría General de la República lanzó una fuerte advertencia sobre el inminente riesgo de suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a partir de septiembre, lo que dejaría sin este beneficio a más de 3,5 millones de niños y niñas de colegios públicos en todo el país. Según el organismo, la causa es un déficit presupuestal cercano a los 500.000 millones de pesos que afecta a 53 entidades territoriales.
El ente de control explicó que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (Alimentos para Aprender) había solicitado desde junio al Ministerio de Hacienda una adición presupuestal para cubrir los recursos faltantes, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.
“Esta alerta se sustenta en información presupuestal obtenida con corte a 20 de agosto de 2025, producto de unas mesas de control social participativo desarrolladas en Buenaventura, a partir de las cuales se hizo revisión a la operación del PAE”, señaló la Contraloría.
La entidad advirtió que la falta de desembolso no solo pondría en riesgo la prestación del servicio, sino que también vulneraría el derecho fundamental a la alimentación y podría afectar la permanencia educativa de millones de estudiantes, muchos de los cuales dependen de este programa para acceder a su principal comida del día.
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Un llamado urgente al Gobierno
La Contraloría exhortó al Ministerio de Hacienda, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Educación y a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación a articularse de manera urgente para garantizar los recursos que permitan la continuidad del programa.
“De no atenderse este requerimiento, el Estado podría incurrir en incumplimientos graves frente a su obligación de garantizar la seguridad alimentaria de la niñez y abrir la puerta a faltas administrativas”, advirtió el organismo.
Además, la Contraloría aseguró que continuará con el seguimiento permanente a la gestión de los recursos y a la operación del PAE, con el fin de evitar que se interrumpa un servicio que es considerado esencial para el desarrollo y la permanencia escolar.
Antecedentes de incumplimientos
No es la primera vez que el PAE enfrenta dificultades este año. En febrero, la Contraloría ya había denunciado retrasos e incumplimientos contractuales que dejaron sin alimentación a más de 307.000 estudiantes en diferentes regiones del país.
En esa ocasión, otros 400.000 niños recibieron la ración alimentaria de manera tardía. Siete departamentos no habían iniciado el programa y Casanare figuró entre los más afectados, con 13 municipios en los que no se cumplió la prestación del servicio.
El ente de control insistió entonces en la necesidad de que los recursos se giraran de manera oportuna para garantizar la continuidad del programa. Seis meses después, la misma alerta vuelve a encenderse, ahora con un riesgo aún mayor: la posible suspensión total del PAE en septiembre.
La situación, según la Contraloría, exige decisiones inmediatas por parte del Gobierno Nacional para evitar que millones de estudiantes, especialmente los de contextos más vulnerables, se queden sin el único alimento seguro que reciben a diario en las instituciones educativas.
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