Colombia vuelve a enfrentar un fantasma que parecía conjurado: el recrudecimiento de la violencia. Los recientes atentados terroristas no solo enlutan al país y golpean a la fuerza pública, sino que también amenazan con deteriorar la economía en un momento en que el consumo interno y la inversión requieren certidumbre y confianza.
El repunte de secuestros, atentados contra oleoductos y asesinatos de uniformados confirma que la llamada “paz total” no logró consolidarse. Por el contrario, las cifras muestran un retroceso que revive temores de épocas que muchos creían superadas. La ciudadanía lo percibe: según las últimas encuestas, la seguridad es hoy la principal preocupación nacional. El problema no se limita al orden público; sus efectos se expanden hacia la estabilidad económica, el empleo y la confianza inversionista.
La evidencia es clara. Cada atentado contra la infraestructura energética encarece los costos de operación, frena el flujo de regalías y deteriora la percepción internacional sobre la solidez institucional. La industria petrolera —columna vertebral de las finanzas públicas— se encuentra bajo asedio: la voladura de oleoductos aumentó 600 % en lo corrido de este año. El riesgo no es menor: menos ingresos para el Estado significan menos inversión social y mayor presión fiscal.
Al mismo tiempo, la violencia mina el turismo y genera incertidumbre entre empresarios que deben enfrentar bloqueos, extorsiones y amenazas. La inversión extranjera, vital para la generación de empleo, se retrae frente a escenarios de inseguridad y debilidad institucional. No se trata de percepciones exageradas, sino de un impacto concreto que ya comienza a sentirse en distintos sectores productivos.
El deterioro de las Fuerzas Armadas, con un pie de fuerza reducido, equipos obsoletos y problemas de moral, agrava el panorama. No basta con destinar recursos crecientes al sector defensa si estos se consumen en gastos de personal y no en modernización tecnológica. Colombia necesita una fuerza pública operativa, equipada y respaldada por una estrategia coherente que combine inteligencia, tecnología y presencia territorial.
Pero la seguridad no es solo un asunto militar. Es también una política de Estado que requiere liderazgo claro, coherencia en el discurso y una acción decidida contra quienes se lucran del narcotráfico y la minería ilegal. La actual crisis de liderazgo, sumada a mensajes contradictorios frente a los grupos armados, envía señales equivocadas tanto a la ciudadanía como a los inversionistas.
El costo de la violencia no se mide únicamente en vidas perdidas, aunque ese sea el golpe más doloroso. También se mide en empleos que no se crean, en turistas que dejan de venir, en proyectos que se cancelan y en la erosión de la confianza en el futuro del país. Colombia no puede darse el lujo de retroceder a los días en que la inseguridad dictaba el rumbo de la economía.
El desafío es enorme, pero no insuperable. Se requiere un timonazo firme que recupere la autoridad del Estado, fortalezca a la Fuerza Pública y devuelva la confianza a los ciudadanos y a los inversionistas. El tiempo juega en contra: si no se actúa pronto, la factura económica de la violencia será cada vez más difícil de pagar.
