El Tribunal Superior de Barranquilla anuló la venta de la finca La América, ubicada en Chimichagua (Cesar), que había sido entregada en noviembre de 2024 por el presidente Gustavo Petro y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a más de 100 familias campesinas. La decisión judicial establece que el predio, de 1.453 hectáreas y avaluado en más de 26.000 millones de pesos, deberá regresar al Fondo de Reparación de Víctimas, al confirmarse que estaba bajo embargo desde 2023.
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La Sala de Justicia y Paz determinó que la transacción carecía de validez legal, debido a que los bienes embargados requieren autorización expresa de un juez para ser transferidos. En este caso, no existía dicha autorización, por lo que la operación se declaró nula. Esta decisión supone un revés para la política agraria del Gobierno nacional, que había destacado la entrega de esta finca como un avance en la redistribución de tierras y en la implementación de la reforma rural integral.
El contexto
Según los registros oficiales, la finca La América está vinculada a antiguos propietarios con nexos probados con estructuras paramilitares. La Fiscalía había solicitado medidas cautelares sobre el terreno desde 2023, incluyendo embargo, secuestro y suspensión del poder de disposición, lo que impedía cualquier tipo de negociación. Sin embargo, en enero de 2025 la Unidad para las Víctimas transfirió el predio a la ANT mediante la figura de “enajenación temprana”.
Tanto la Fiscalía como la Procuraduría cuestionaron esta operación, señalando que violaba las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz y debilitaba los recursos del Fondo de Reparación de Víctimas, que actualmente enfrenta un déficit superior a los 4,3 billones de pesos. El Gobierno, por su parte, defendió la legalidad de la transacción bajo las normas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo de 2023 y otras disposiciones relacionadas con bienes afectados por el conflicto armado.
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‘No aplican’
No obstante, el tribunal concluyó que dichas normas no aplicaban a un bien embargado y que, en todo caso, la disposición específica había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional. Con este fallo, la finca La América queda nuevamente bajo la administración de la Unidad de Víctimas.
La decisión también ordena remitir copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que adelanten investigaciones que determinen si hubo irregularidades en el proceso y si funcionarios públicos o particulares podrían enfrentar responsabilidades legales o disciplinarias. Mientras tanto, las más de 100 familias que recibieron el predio deberán esperar una nueva decisión administrativa sobre su reubicación o compensación.
