ERNESTO CARDOSO CAMACHO
Las sociedades democráticas organizadas con régimen constitucional de ESTADO SOCIAL DE DERECHO, tal como se pactó en la Constitución del 91; además de practicar la separación y autonomía de los poderes públicos, están obligados a colaborar armónicamente en la realización de los fines del Estado, los cuales presentan diversas dimensiones o categorías aunque todos tienen un solo objetivo prevalente: garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos.
La endémica violencia que por desgracia ha caracterizado nuestra nacionalidad no ha podido ser controlada ni menos aún eliminada durante los diferentes gobiernos. El horror de la violencia partidista del siglo anterior pudo ser conjurada por el Acuerdo del Frente Nacional, en el que los jefes de los partidos tradicionales se turnaron en el ejercicio del gobierno, pero mantuvieron el clima de sana convivencia en el ejercicio del poder.
No obstante, muchos historiadores han sostenido la tesis según la cual, ese pacto, si bien generó paz entre los partidos; al tiempo incubó una ominosa exclusión de otros sectores políticos y sociales alternativos, los que constituyeron la semilla de la nueva violencia guerrillera que terminó en el exponencial negocio criminal del narcotráfico y de la minería ilegal; por el crudo enfrentamiento entre tales grupos, los paramilitares y las fuerzas legítimas del Estado. Lo que si es cierto es que desde la década de los 80 y 90, conocimos nuevas formas de violencia como masacres, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, secuestros extorsivos; en fin, una nueva modalidad criminal derivada de los carteles de la coca que derivó en el más salvaje terrorismo.
Ante este cuadro desgarrador de la violencia la sociedad colombiana se vio abocada a cambiar la Constitución vigente a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual nos heredó la nueva Carta Política del 91; en la que participó activamente el M 19 con numerosos delegados e incluso de la presidencia colegiada. Ha sido llamada la Constitución de la paz; la ecológica; la de la apertura democrática, etc.
Vino luego otra oleada de violencia narcoterrorista protagonizada principalmente por las Farc la que, como se ha dicho con insistencia, produjo la sorprendente elección y en primera vuelta, del exgobernador de Antioquia ALVARO URIBE VELEZ, con su propuesta de SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.
Vino luego el Acuerdo de Paz de Santos que a pesar de haber sido derrotado en las urnas en el famoso plebiscito de 2016; fue impuesto por decisión del congreso de la época y avalado por la Corte Constitucional, acuerdo que fuera elevado a norma supraconstitucional por haber sido depositado por el gobierno Santos y las Farc ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Esta breve reseña histórica tiene desde luego un claro propósito. Demostrar que contra el terrorismo los gobiernos democráticos no deben ser complacientes firmando acuerdos de paz, desmovilizaciones y desarmes; sin que previamente se castigue moral y socialmente a quienes lo instigan y promueven. En la paz de Santos, la JEP ha servido para dos cosas. Neutralizar a los miembros de la fuerza pública como el soporte constitucional del Estado en la lucha contra ese narcoterrorismo; y para enjuiciar y desprestigiar a quienes defienden la institucionalidad democrática como muro de contención aplicando la fuerza del Estado.
Es una desgracia. Pero sin duda alguna la “paz total de Petro” ha fracaso de manera estruendosa y con alto costo en vidas humanas.
Todo indica que al paso que vamos, estamos regresando al pasado violento y salvaje del narcoterrorismo. El propio presidente Petro lo justifica en el llamado sindicato del crimen con sede en Dubay. En estas circunstancias, es inevitable el regreso de la SEGURIDAD DEMOCRATICA como mecanismo de política pública que el Estado Social y de Derecho, consagrado en la Constitución, debería avalar de nuevo con la indispensable colaboración ciudadana y el fortalecimiento de nuestra fuerza pública. No es cierto que proteger y garantizar la vida y la seguridad de las personas sea incitar al regreso de un Estado arbitrario y por fuera de la Constitución y de la Ley. Todo lo contrario. Un Estado que cumpla eficazmente su principal deber.
Los ciudadanos tenemos la palabra.
