La Registraduría Nacional dio luz verde a la inscripción de un comité ciudadano que busca revocar el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.
La autorización quedó en firme mediante la resolución 9509 del 5 de agosto de 2025, lo que habilita a sus promotores para iniciar la recolección de firmas con miras a convocar un referendo.
La iniciativa, presentada bajo el nombre “Referendo derogatorio del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y de la Paz Total”, fue radicada el pasado 29 de julio. Con la aprobación de la Registraduría, el comité deberá ahora recolectar al menos 2.056.780 firmas válidas, cifra que corresponde al 5 % del censo electoral vigente, el cual asciende a más de 41,1 millones de personas.
De alcanzar esa meta, el proceso entraría a una nueva etapa: para que el referendo sea válido, tendría que participar al menos el 25 % del electorado, es decir, cerca de 10,28 millones de ciudadanos.
El vocero del comité es Julián Alberto Rocha Aristizábal, abogado y excandidato del Movimiento de Salvación Nacional, quien en los últimos años ha ganado visibilidad en redes sociales por sus críticas a la implementación del acuerdo. Rocha también es recordado por haber demandado la declaratoria del sombrero de Carlos Pizarro como Patrimonio Cultural, caso que sigue en estudio en el Consejo de Estado.
En declaraciones a El Espectador, Rocha defendió la iniciativa al afirmar: “Los acuerdos, como política pública, han sido un fracaso. No hemos tenido verdad, ni justicia, ni reparación. Hoy tenemos líderes de oposición muertos, otros presos, mientras los grandes responsables de la violencia siguen impunes”.
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La propuesta cuenta con el respaldo de Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, quien aseguró al mismo medio: “Como víctima me consta la inoperancia de la JEP y una parte de los desmovilizados siguen esperando que les resuelva su situación jurídica. Creemos que tiene viabilidad constitucional y pertinencia política”. No obstante, Gómez no precisó si el partido asumirá algún tipo de financiación.
Rocha insiste en que el proyecto no cuenta con respaldo económico de colectividades políticas, y lo define como un ejercicio ciudadano. Según él, el propósito del referendo es “enmendar el camino” y excluir del ordenamiento jurídico lo que considera “arbitrariedades” de la política de paz en Colombia, incluyendo la estrategia de “Paz Total”.
El vocero también respondió a quienes recuerdan que el acuerdo ha sido reconocido en el ámbito internacional como un modelo de transición: “Lamento que internacionalmente tengan tanto apoyo, porque internamente no lo tienen. La implementación fue un fracaso institucional y presupuestal. La comunidad internacional puede copiar nuestros errores, pero Colombia tiene derecho a corregirlos”.
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