Carlos Yepes A.
Colombia vuelve a llorar un magnicidio. La muerte de Miguel Uribe joven, padre, servidor público, nos devuelve a una página que el país prometió no volver a abrir. En Huila, donde sabemos de ausencias y de cicatrices, este dolor nos obliga a algo más que a la indignación de unos días: nos llama a un acuerdo para vivir mejor para que la política nunca más se escriba con sangre.
Miguel Uribe representaba a una generación que se atrevió a decir cosas incómodas con convicción y, muchas veces, con esperanza. Repetía, con razón, que “todos queremos paz, pero la paz no es impunidad”; que la seguridad y la justicia son condición de la convivencia, no su negación. También defendía que “contener el crimen no es lo mismo que construir paz”: detrás de la fuerza legítima del Estado tiene que llegar la inversión social, la escuela abierta, el empleo digno. En ese contraste, orden y oportunidades, hay un punto de encuentro que Colombia no puede seguir aplazando.
Décadas atrás, Álvaro Gómez Hurtado, él mismo víctima de la violencia, nos propuso un “acuerdo sobre lo fundamental”. No era una consigna vacía: era la invitación a ponernos de acuerdo en lo que hace posible cualquier desacuerdo. Hoy, frente a otro crimen que golpea la democracia, ese acuerdo tiene que volver a la mesa con nombres propios y tareas concretas. Si algo nos enseña esta tragedia es que la vida es el primer fundamento. Sin garantías para ejercer la política, sin respeto por el contradictor, sin justicia que alcance a los autores materiales e intelectuales, no hay democracia posible.
Ese acuerdo debe empezar por darle sentido y significado a la vida. No lo lograremos con discursos templados ni con trincheras morales, sino con decisiones que unan seguridad y dignidad. Un Pacto Nacional por la Vida y la Democracia debería incluir, como mínimo: Garantías plenas para la oposición y para todos los liderazgos: protección eficaz, protocolos unificados, reacción judicial oportuna y coordinación real entre Nación y territorios. Que las urnas, y solo las urnas, decidan nuestro rumbo; Justicia que no se demore y que sí alcance: investigación hasta el último responsable, sin atajos ni sesgos, con veeduría ciudadana y trazabilidad pública. La paz sin impunidad de la que hablaba Miguel exige que la justicia funcione, que la verdad llegue a tiempo y que los criminales no definan la agenda del país; Seguridad con inversión social: presencia integral del Estado en barrios y veredas; policía y justicia cercanas, pero también colegios con jornada extendida, alfabetización digital, cultura y deporte. Seguridad para vivir y para construir paz; Un acuerdo sobre pobreza y empleo: no es retórica decir que la pobreza es el gran problema estructural. El país debe concentrar su energía política y fiscal en derrotarla: formalización laboral, impulso a la economía popular y campesina, vías terciarias, crédito barato para la pequeña empresa, formación técnica y tecnológica atada a demanda real, y un gran plan de primera infancia. Sin oportunidades, la violencia encuentra reclutas; Respeto en el debate público: la palabra, en un país herido, puede curar o puede incendiar. Las redes no son para linchar, los micrófonos no son para estigmatizar. La crítica es legítima; el odio, no. La democracia necesita adversarios, no enemigos; Un compromiso ético de todos los liderazgos: gobierno, oposición, poderes públicos, partidos, medios, academia, iglesias, empresa, sindicatos. Que cada declaración, cada reforma, cada marcha, se mida con una sola vara. Que ningún colombiano arriesgue su vida por pensar distinto.
En el Huila conocemos el precio de la fractura social. También conocemos el valor de la reconciliación: cuando nos hemos puesto de acuerdo, hemos sacado adelante obras, protegido nuestras montañas y ríos, cuidado el café y la yuca, abierto oportunidades para nuestros jóvenes. Ese es el camino: convertir el duelo en tarea. Que la unidad para proteger la vida se vuelva rutina institucional y no respuesta esporádica a la tragedia.
Miguel también hablaba de oportunidades y empleo. En una de sus batallas públicas insistía en que la peor condición laboral es la informalidad y el desempleo. Llevemos esa discusión al terreno de lo concreto: que el próximo presupuesto nacional y cada plan de desarrollo territorial midan su éxito por empleos formales creados, hogares que salen de la pobreza, niñas y niños que no pierden días de clase. Que la inversión no sea un renglón contable sino un propósito: cerrar brechas.
No se trata de pedir unanimidad, eso no es democracia, se trata de fundamentos compartidos. Podemos debatir impuestos, modelos productivos, prioridades sectoriales. Lo que no podemos volver a debatir es si la política se hace con balas o con votos, ni si la justicia puede o no tocar a los poderosos, ni si la dignidad de la persona humana admite condiciones.
Hagamos entonces un compromiso simple y enorme: que este sea el último. Que ningún hijo vuelva a despedir a su padre por cuenta de la política, que ninguna esposa vuelva a pedir justicia entre cámaras y coronas. Que el nombre de Miguel Uribe no sea una consigna partidista, sino un recordatorio nacional de lo que está en juego: la vida, la libertad, la esperanza.
Álvaro Gómez nos dejó la brújula: acuerdo sobre lo fundamental. Miguel nos deja una advertencia y un camino: la paz no es impunidad y la paz se construye con seguridad y con oportunidades. Tomemos esas dos frases como mandato. Que a partir de hoy, desde Neiva hasta La Guajira, desde el Congreso hasta el último concejo municipal, nos pongamos de acuerdo para derrotar la pobreza y para cuidar la vida.
Si lo hacemos, quizá por fin podamos cerrar la página de los magnicidios y abrir la de un país reconciliado, serio y generoso con sus hijos. Esa es la tarea. Y debe empezar ya. Yo lo llamo “un acuerdo para vivir mejor”.
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