El ente de control asegura que la sentencia contra el expresidente se basó en conjeturas y no en pruebas sólidas, y pide al Tribunal Superior de Bogotá revocarla en segunda instancia.
DIARIO DEL HUILA, ACTUALIDAD
La Procuraduría General de la Nación solicitó formalmente al Tribunal Superior de Bogotá revocar la condena de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, impuesta en primera instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia. Según el órgano de control, el fallo presenta serias inconsistencias jurídicas y probatorias que ponen en entredicho su validez.
La decisión fue anunciada por el procurador delegado Bladimir Cuadro Crespo, quien presentó un documento de 81 páginas ante la Sala Penal del Tribunal. En este escrito, se argumenta que la condena contra el exmandatario —dictada por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal— carece de soporte probatorio suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.
Argumentos de la Procuraduría
El recurso presentado señala que el fallo de la jueza 44 penal de conocimiento se basó en “conjeturas” y no en evidencia contundente. El procurador Bladimir Cuadro cuestiona la forma en que se valoraron y evaluaron las pruebas, indicando que se incurrió en “errores en la apreciación de la prueba, principalmente en la incorrecta observación objetiva de la misma”.
Además, se advierte que hubo una indebida aplicación de figuras legales como la determinación (artículo 30 del Código Penal) y aspectos de tipicidad establecidos en los artículos 10, 444A y 453 del mismo código. Igualmente, se señala la omisión del artículo 7 de la Ley 906 de 2004, que protege la presunción de inocencia.
Para la Procuraduría, estos vacíos jurídicos y probatorios debieron conducir a la absolución del procesado. “No se estableció más allá de toda duda razonable que el expresidente tuviera el grado de conocimiento exigible para atribuirle la responsabilidad como determinador en cada uno de los eventos acusados”, se lee en el documento.
Contexto del caso
Álvaro Uribe, líder natural del partido Centro Democrático y presidente de Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por su presunta participación en maniobras para manipular testigos y obstaculizar procesos judiciales en su contra.
La jueza Sandra Liliana Heredia consideró probado que el exmandatario actuó como determinador en un entramado de sobornos y fraude procesal para desacreditar testimonios en su contra. Sin embargo, la Procuraduría asegura que esta conclusión no está sustentada en pruebas sólidas y que hubo una interpretación errónea de la evidencia presentada.
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Este proceso judicial ha tenido un alto impacto mediático y político, dado que Uribe es una de las figuras más influyentes en la política colombiana de las últimas dos décadas. Su defensa, liderada por el abogado Jaime Granados, también ha anunciado que apelará la sentencia con argumentos similares a los planteados por la Procuraduría.
Lo que viene
El recurso de apelación presentado por el Ministerio Público será estudiado por los magistrados Leonel Rogeles y Aura Alexandra Rosero, integrantes de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Estos jueces deberán decidir si ratifican la condena impuesta en primera instancia o si, por el contrario, absuelven al expresidente.
En caso de que el Tribunal revoque la sentencia, Uribe quedaría libre de la pena impuesta y se cerraría este capítulo judicial en su contra, al menos en el marco de este proceso específico. Por el contrario, si se confirma el fallo, el expresidente deberá cumplir la condena de prisión domiciliaria, lo que representaría un golpe político significativo para su carrera y para el Centro Democrático.
Este pronunciamiento de la Procuraduría se suma a una serie de movimientos legales que han rodeado el caso, incluidos intentos anteriores de la defensa para tumbar la medida de detención domiciliaria mediante tutelas y recursos extraordinarios.
Mientras el país espera la decisión de segunda instancia, el debate público sobre el alcance de la justicia en casos de alto perfil político sigue abierto. Para algunos, la postura de la Procuraduría refleja la necesidad de un análisis más riguroso y técnico de las pruebas; para otros, es un cuestionamiento innecesario que podría debilitar la confianza en el sistema judicial.
Lo cierto es que el caso contra Álvaro Uribe, con sus implicaciones políticas y jurídicas, continuará marcando la agenda nacional en las próximas semanas, a la espera de un veredicto definitivo por parte del Tribunal Superior de Bogotá.
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