Actualmente, los arroceros y la industria continúan en reuniones para definir la propuesta que han hecho frente al tema del precio del arroz paddy verde, teniendo en cuenta que los molineros no se acogerán a la resolución de regulación de precios expedida por el gobierno nacional.
DIARIO DEL HUILA, HUILA
Por: Leidy Catalina Durán Vásquez
La situación de los arroceros en Colombia sigue siendo tensa luego de que el Gobierno Nacional diera a conocer la resolución sobre el precio de compra del arroz paddy verde para la cosecha del segundo semestre de 2025.
Alcy Cortés Quimbaya, agricultor del municipio Campoalegre, indicó que cuando salió la resolución de regulación de precios del arroz paddy verde hubo gran expectativa, gran alegría por parte de los agricultores, donde pensaban que se ha firmado un muy buen acuerdo, sin embargo, con el pasar de los días se dieron cuenta que así no iba hacer y que el problema no se detenía.
De acuerdo con Cortés Quimbaya, el arroz estaba a 170 000 pesos porque había bajado 15 días antes, 15 000 o sea, él estaba a 185, y en la resolución que se llegó con metodología de datos y con un proceso riguroso que se hizo por parte del Ministerio se estableció un precio de 198 mil pesos en la resolución de regulación de precios, una vez dieron a conocer está resolución algunos industriales grandes del país informaron que se iban a acoger, pero otro de los industriales expresaron que no se acogían y por el contrario iba a prestar el servicio de secamiento y almacenamiento del agricultor.
“Con el anuncio el Molino Diana al lunes siguiente, el molino Sonora que es otro de los grandes del país también se acogió a dicho que iba a implementar Diana. Y también el miércoles de la semana pasada el molino Roa Forhuila también dijo que se iba a acoger a eso política que estaba implementando el molino Diana, es decir que ninguno iba a cumplir la resolución, la semana pasada hubo gran incertidumbre, hubo una crisis muy profunda que nunca ha pasado en el sector que donde los agricultores no le están comprando el arroz, no sabían a quién venderlo ni a qué precio se iban a pagar”, sostuvo el arrocero de Campoalegre.
Industria inconforme
La industria arrocera en Colombia ha expresado inconformidad con la reciente resolución gubernamental que establece un régimen de libertad regulada de precios para el arroz paddy verde. Esta resolución, que fija precios mínimos para el arroz, ha generado preocupación en la industria, que considera que podría generar distorsiones en el mercado, aumentar los precios al consumidor y afectar la competitividad del sector.
En ese sentido, el pasado sábado los industriales sacaron un comunicado donde hacen una propuesta a los agricultores donde no se les va a pagar la arroba a 198 mil, si no que se lo iban a pagar a 177 mil pesos.
La Cámara Induarroz de la Andi, que agrupa a parte de la industria arrocera nacional, cuestionó la resolución expedida por el Ministerio de Agricultura que somete al arroz paddy verde al régimen de libertad regulada.
La decisión, adoptada en el marco del acuerdo con los líderes del paro arrocero, según la agremiación, “fue expedida sin tener en cuenta el origen real de la problemática del mercado y sin acoger los principales comentarios técnicos presentados a través de los canales institucionales”.
“En estos momentos hay una total incertidumbre porque no sabemos a cómo nos van a pagar el arroz. Hay una propuesta de la industria, nos parece muy baja, siendo 177, es un precio muy bajo para el centro del país cuando la resolución estaba en 198 mil, es un precio muy bajo y se va a perder plata”, reiteró Cortés.
Induarroz advirtió que esta regulación llega en medio de una coyuntura compleja para el sector, marcada por una sobreoferta sin precedentes, y que podría agravar los desequilibrios existentes.
De acuerdo con el arrocero, hay algunos productores que tienen pensado aceptar la propuesta de la industria, aunque esto les generará más perdidas que ganancias.
“Hay una propuesta, se está analizando, pero pues uno va a entender la situación crítica que están viviendo hoy en día los agricultores que están recolectando y no le están comprando el arroz”, reveló.
Sobreoferta sin precedentes
Según la industria, esta medida, adoptada como parte de la negociación entre el Ministerio y los líderes del paro arrocero, fue expedida sin tener en cuenta el origen real de la problemática del mercado y sin acoger los principales comentarios técnicos presentados a través de los canales institucionales.
La industria arrocera es un motor de desarrollo en varias regiones del país donde genera más de 8.000 empleos formales en zonas rurales y recibe la totalidad de la cosecha nacional (3,5 millones de toneladas de paddy verde al año) buscando que ningún agricultor pierda su producto.
El origen de la coyuntura actual es claro: En 2024, Colombia sembró un récord histórico de 631.000 hectáreas en arroz, generando la mayor cosecha de su historia en un contexto de sobreoferta global que ha reducido los precios internacionales del arroz en cerca de un 30%.
A pesar de las señales y los llamados a racionalizar las siembras desde finales de 2024, la superficie cultivada aumentó, especialmente en Casanare, donde se alcanzó un nuevo récord de 216.000 hectáreas sólo en el primer semestre del 2025. Esto hizo que, para el 2025, el país llegara a la cosecha con inventarios 92% superiores a los de 2024, y muy por encima de lo recomendado en el Plan de Ordenamiento Productivo de la UPRA.
Preocupaciones frente al régimen de libertad regulada del arroz paddy verde
En este contexto de sobreoferta, y ante la presión de los líderes del Paro Arrocero, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emitió la resolución en la que se somete al arroz paddy verde al régimen de libertad regulada. El cual, según datos de Fedearroz, arroja unos precios mínimos de compra hasta un 17% más altos que el precio de mercado, dependiendo del municipio, al tiempo que ignora las prácticas mercantiles y dinámicas territoriales del sector.
Ante esta regulación, la Cámara Induarroz de la ANDI realizó aportes técnicos por todos los mecanismos institucionales, los cuales fueron en su mayoría ignorados, y sobre los que queremos llamar la atención una vez más antes de que se genere una situación insostenible para toda la cadena.
La Resolución del gobierno
Hace una semana, el Gobierno nacional expidió la Resolución 0241 de 2025 mediante la cual se somete el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios, luego del concepto favorable que emitió la Superintendencia de Industria y Comercio tras considerar que el acto administrativo “cumple con finalidades constitucionales relacionadas con la protección especial del campesinado, la garantía de la soberanía y seguridad alimentaria, y la promoción del desarrollo rural integral como manifestación del interés general”.
Este es uno de los compromisos que quedó pactado en la mesa de negociación el pasado 24 de julio, luego de que durante 10 días los arroceros de todo el país realizaran un paro exigiendo mejores condiciones y precios para su venta y producción.
De acuerdo con la Resolución, quedan establecidos los siguientes precios por tonelada de arroz paddy verde, según cada zona de producción: Bajo Cauca $1.491.478; Centro, $1.589.489; Costa norte, $1.512.785; Llanos, $1.457.387, y Santanderes $1.555.398.
La resolución establece, además, que “todo comprador deberá reportar semanalmente en la plataforma Siriarroz los precios pagados por arroz paddy verde, las toneladas compradas, el municipio de compra, el molino, planta o agencia, y la forma, plazo, condiciones de pago y financiamiento”.
El incumplimiento de estas disposiciones será puesto en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su competencia, agrega la disposición.
“Este acto administrativo, cuya naturaleza es excepcional y transitoria, será objeto de monitoreo permanente por parte de este Ministerio, y estará acompañado de la puesta en marcha de un régimen de libertad regulada de precios para el arroz blanco, un plan de choque para el control de contrabando con participación de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), y otras medidas de competencia del Ministerio de Comercio”, sostuvo la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.
Por su parte, Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, dijo que “hemos asumido el compromiso de evaluar la viabilidad de medidas concretas para promover la estabilidad del sector arrocero y garantizar la efectividad de la regulación de precios. Haremos el análisis de instrumentos de defensa comercial y la implementación de mecanismos de control aduanero para combatir prácticas ilegales que pueden generar el ingreso de arroz a precios artificialmente bajos”, señaló la funcionaria.
De acuerdo con los dos ministerios, esta estrategia integral “es una demostración del compromiso que tiene el Gobierno del presidente Gustavo Petro con las y los productores de arroz, la sostenibilidad de la cadena y la consolidación de la soberanía y la seguridad alimentaria”.
El comunicado señala que “el Gobierno nacional reitera la invitación a todos los actores inmersos en el proceso productivo, de transformación y comercialización del arroz, para avanzar en la consecución de un acuerdo de cadena que recupere prontamente la estabilidad del sector y garantice su competitividad y sostenibilidad”.
Principales riesgos
- El posible aumento de los precios del arroz blanco al consumidor, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos.
- El efecto “incentivo” para incrementar las siembras, profundizando la sobreoferta al imponer condiciones de comercialización más favorables que las que estaban vigentes cuando los agricultores tomaron sus últimas decisiones de siembra.
- La pérdida de competitividad frente a las importaciones, en un contexto internacional de excedentes del grano.
- El incremento de la informalidad en la cadena.
- La generación de desequilibrios estructurales que amenazan la sostenibilidad del sector arrocero.
