ERNESTO CARDOSO CAMACHO
Las masivas y entusiastas marchas callejeras realizadas ayer en más de 25 departamentos del país, en solidaridad con el expresidente Uribe y por la vigencia de los valores sustanciales de nuestra nacionalidad republicana; permitieron observar con claridad que a pesar de las adversidades generadas por la polarización estimulada desde el gobierno; ha renacido la esperanza en que nuestra frágil democracia, agobiada por la violencia, la criminalidad y la corrupción; encontrará en la capacidad de dialogo para construir consensos, la única fórmula posible para recuperar el sendero institucional que nos permita superar “la horrible noche”.
Y es que no se trata de fustigar con sectarismos hirsutos o fanatismos ideológicos las realizaciones del gobierno del cambio. Cumplidos ya tres años del período presidencial, es evidente que el estilo pendenciero y confrontacional del presidente, polarizador y mesiánico; ha fracasado en los principales indicadores que de manera objetiva sirven para medir la gestión del gobernante.
Basta con observar el inusitado crecimiento de la violencia; de la inseguridad desbordada en amplos sectores del territorio nacional; del crecimiento de delitos como la extorsión, las masacres y el desplazamiento forzado y aún de reclutamiento de menores; conductas delictivas que se creían superadas en virtud de las bondades del Acuerdo de Paz de Santos con las Farc; el cual quiso ser considerado como la panacea de la paz y que por desgracia terminó estimulando las disidencias y el crecimiento del ELN, patrocinados y promovidos desde Venezuela por el régimen chavista.
Al respecto hay una reciente prueba irrefutable. La emboscada del ELN que causó la muerte de alías “el zarco Aldinever”, jefe de las disidencias de las Farc y cerebro del atentado contra el precandidato y senador Miguel Uribe, en territorio venezolano.
El narcotráfico y la minería criminal que financian la actividad de tantas bandas delincuenciales quiso ser superada por la ingenua o calculada “paz total” que; no obstante haber sido avalada como mecanismo jurídico por la Corte Constitucional, luego de la aprobación en el Congreso de la ley respectiva; no ha permitido desarticularlas si no que, por el contrario, las ha estimulado como patente de corso para su crecimiento y eficacia delictiva.
En aras de la objetividad indispensable conviene reconocer que quizá el principal acierto del gobierno Petro ha consistido en su vigoroso impulso a la política agraria; así como en su insistencia en la necesaria transición energética, aunque impulsada con alta dosis de mesianismo y revanchismo hacia la explotación minero energética que; como gran paradoja; ha sostenido y evitado la catástrofe fiscal de la Nación, por los altos precios internacionales del petróleo registrados durante estos tres años y percibidos directamente por la Nación, pero que curiosamente atentan contra la estabilidad financiera de Ecopetrol.
Pues bien. El estribillo de la soberanía popular, concepto jurídico y político sobre el cual se asienta el poder político del Estado, ha sido utilizado de manera incesante por el presidente, en el claro propósito de desgastar las instituciones vigentes construidas con tanto esfuerzo durante los 215 años de la independencia, propósito en el cual ha estigmatizado a la dirigencia política tradicional como única responsable de las inequidades sociales y de la aberrante corrupción política enquistada en las altas esferas del Estado. Pero como generalmente ocurre, la vida castiga las inconsistencias de las personas y de los gobernantes, pues es inevitable reconocer que en el gobierno del cambio petrista, los escándalos de corrupción han sido similares o aún más censurables.
Son tan numerosos los aspectos del gobierno que se podrían mencionar, pero no es posible hacerlo responsablemente en una sola columna de opinión. Ya habrá tiempo para completar este ejercicio de reflexión objetiva.
Para concluir es inevitable volver sobre la muy nutrida expresión democrática vivida ayer 7 de agosto, en apoyo solidario al expresidente Uribe por la cuestionada condena y detención domiciliaria a que ha sido sometido. Sin embargo, es indudable que la ciudadanía salió también a censurar pacíficamente los errores incuestionables del gobierno Petro, incluido su ya no soterrado propósito de propiciar el caos y la anarquía institucional para suspender las elecciones y prorrogar la vigencia temporal de su mandato.
De esta manera es evidente que ha renacido la esperanza de superar esta encarnizada polarización ideológica estimulada desde el gobierno, la cual habrá de concretarse en el gran Acuerdo Nacional que permita escoger, mediante el consenso democrático, un candidato que por su experiencia, transparencia y credibilidad; formule una propuesta de gobierno seria y realizable, un gobierno de transición como ha dicho el expresidente Uribe, que ofrezca garantías ciertas de progreso y bienestar sin exclusiones.
