La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, solicitando que se le garantice su libertad mientras se resuelven las apelaciones a la condena de 12 años de prisión domiciliaria dictada por la juez 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia.
El recurso, radicado por el abogado Jaime Granados, argumenta que la sentencia vulneró derechos fundamentales del exmandatario como el debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad y la dignidad humana. En el documento de 91 páginas, la defensa insiste en que la orden de detención inmediata fue precipitada, ya que la condena aún no está en firme y, por tanto, la privación de la libertad resultaría arbitraria.
“La decisión de privar de la libertad al doctor Uribe se tomó bajo graves vicios de motivación”, advierte la tutela. Granados señala que la medida “presupone la culpabilidad” de su defendido y desconoce los principios constitucionales que exigen que toda restricción de la libertad debe cumplir con criterios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.
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En uno de los apartes, la defensa sostiene que la actuación de la juez Heredia, especialmente en los folios 1108 a 1112 de la sentencia, carece de sustento constitucional, ya que trata al expresidente como si se tratara de una persona ya condenada en firme. El abogado recalca que la detención no puede utilizarse con fines ejemplarizantes, ni como mensaje disuasorio para la sociedad, ya que esto implicaría darle trato de culpable a quien legalmente aún es considerado inocente.
Granados también respondió a los señalamientos de la juez sobre supuestas maniobras dilatorias, afirmando que no existió por parte de la defensa técnica ni de la defensa material.
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