ERNESTO CARDOSO CAMACHO
No hay duda. La campaña electoral del 26 arranca con estrategias muy claras y contundentes de los amigos del gobierno del cambio.
El primer movimiento ha consistido en aprovechar el lamentable episodio del atentado contra el precandidato uribista y senador MIGUEL URIBE TURBAY, afirmación que de ninguna manera podría interpretarse en el sentido de que se pretenda insinuar el que su autoría intelectual tenga un móvil político específico de sacarlo del camino por parte de sus adversarios, ni menos aun como resultado del llamado “fuego amigo”.
En contrario, lo que si es demasiado claro es que la sentencia condenatoria proferida contra el expresidente Uribe, si corresponde a una jugada del ajedrez político, derivada de la censurable politización de la justicia o de la judicialización de la política, fenómeno que por desgracia para nuestra frágil democracia institucional viene ocurriendo desde hace varios años.
Y no se trata de desconocer el fallo, pues debe ser acatado tal como lo ha hecho con gallardía y humildad el propio expresidente, aunque sea susceptible de cierto tufillo político; no solamente por el origen del proceso penal si no especialmente por sus protagonistas; pues al efecto debe recordarse que Uribe formula en 2012 denuncia penal ante la Corte Suprema contra Ivan Cepeda, por presuntamente buscar testigos para incriminarlo con el paramilitarismo, luego de acalorado debate político entre los dos en el Congreso.
La Corte decide inhibirse de continuar la investigación contra Cepeda y al tiempo decide abrir investigación contra Uribe, hecho que coloca al expresidente en la paradoja, al pasar de denunciante a incriminado. Luego se le escucha en indagatoria y se le dicta medida de aseguramiento domiciliaria; hecho que conduce a que renuncie a su fuero de congresista para que su proceso pase a conocimiento de la Fiscalía. Esta decisión política que es avalada por la misma Corte Suprema y en la que termina interviniendo también la Corte Constitucional, precisando que la indagatoria tiene los mismos efectos procesales de la imputación, en relación con el cambio de legislación procesal penal derivado de la renuncia al fuero congresional.
Avanza el gobierno Petro y se incrementa la polarización política. Sigue luego la apertura de indagación preliminar en el C.N.E donde funge como instructor el magistrado uribista Prada Artunduaga, en relación con la presunta violación de los topes legales en la financiación de la campaña del presidente; escándalo político que es amplificado por los medios de comunicación y dispara la guerra de bajas pasiones en las redes sociales.
Comienza entonces la comedia del “golpe blando”, le sigue la apelación al pueblo como depositario de la soberanía, las marchas callejeras y los discursos populistas en las plazas. En respuesta la oposición bloquea el trámite de las reformas y acude al estribillo del “fuera Petro”, estimulando el temor a la atornillada en el poder al estilo del castrochavismo.
El episodio de la Consulta Popular la plantea el gobierno como alternativa para presionar al Congreso a la aprobación de las reformas, discusión que desgasta más a la oposición, pero con la cual, al tiempo, la utiliza como cortina de humo para esconder la aberrante corrupción de la UNGRD dirigida a la compra de congresistas.
De esta manera avanza el ajedrez político del presidente mientras la oposición confundida y atemorizada, despierta del sopor cuando se plantea el fantasma de la Constituyente, propuesta que culmina en el nombramiento del exfiscal Montealegre como ministro de Justicia, cuando se acerca la culminación del juicio contra el expresidente Uribe.
Si se observa con atención cada jugada del ajedrez tiene el claro propósito de confundir y dividir a la oposición, así como preparar el camino para la sentencia condenatoria, interpretada como la reivindicación del sistema judicial porque “nadie puede estar por encima de la ley”, incluido el expresidente más popular y reconocido en la historia reciente del país.
Así, se surtirá la apelación ante el Tribunal de Bogotá el cual tendrá un plazo muy corto para resolverla ante la inminencia de la prescripción de la acción penal, y en donde solamente puede confirmar o revocar el fallo. De esta manera, la alternativa es clara.
Si confirma, el expresidente irá a la Sala de Casación Penal de la Corte, es decir regresa a su origen el proceso, aunque con doble sentencia condenatoria, quedaría el expresidente fuera del juego político para las elecciones del año 26. Y si revoca, quizá la decisión menos probable, serán las víctimas, con el ministro de justicia a la cabeza, las que recurrirán a la casación para alargar la agonía judicial del expresidente, como mecanismo eficaz para pretender consumar su desgaste político como líder indiscutible de la oposición.
Un ajedrez muy sutilmente diseñado y dirigido a asegurar la eficaz participación del petrosantismo en la segunda vuelta presidencial para derrotar a la derecha.
