La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expidió la Resolución 40972 de 2025, con la cual fija los requisitos técnicos, metrológicos y administrativos que deberán cumplir los nuevos medidores de energía eléctrica de uso residencial que se comercialicen en Colombia, tanto de fabricación nacional como importados.
La medida, adoptada por la SIC en su rol como autoridad nacional de Metrología Legal, tiene como propósito garantizar que las mediciones de consumo eléctrico que sirven de base para la facturación sean precisas y confiables, en línea con los estándares internacionales recomendados por la Organización Internacional de Metrología Legal.
Requisitos clave
La nueva reglamentación, que entrará en vigencia a partir del 5 de enero de 2026 y contempla un período de transición de 12 meses, incluye las siguientes disposiciones:
- Criterios mínimos de exactitud y desempeño, así como las tolerancias permitidas para los equipos.
- Evaluación de conformidad obligatoria antes de su importación o comercialización.
- Registro obligatorio de los instrumentos de medición en el Sistema de Información de Metrología Legal.
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Según explicó la entidad de control, esta normativa no modifica las obligaciones actuales de las empresas prestadoras de servicios públicos, pero sí establece los estándares que deben cumplir los medidores de energía para asegurar la protección del consumidor.
Asimismo, la SIC enfatizó que la resolución no obliga al cambio de los medidores ya instalados en los hogares ni representa nuevos deberes para los usuarios del servicio de energía eléctrica.
Impacto esperado
La entidad señaló que el nuevo marco regulatorio busca replicar experiencias exitosas a nivel global, donde el control técnico previo a la comercialización de medidores ha contribuido a mejorar la calidad del servicio eléctrico y a reducir significativamente el número de reclamaciones por mediciones inexactas.
Con esta medida, la SIC reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores y la implementación de instrumentos de medición confiables y seguros, alineados con las normas internacionales y las disposiciones de la Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos domiciliarios.
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