El gobierno nacional sigue improvisando para solucionar los graves problemas en que se encuentra el Sistema Nacional de Salud, que se ha venido agravando paulatinamente desde hace tres años con la formulación de políticas públicas incoherentes e improvisaciones para corregir las falencias y las dificultades que presenta este sector, que tiene en vilo el futuro de 50 millones de personas en el país. Lo hemos venido afirmando que son dantescos los dramas humanos que están presentando los pacientes que acuden a las EPS y a los centros hospitalarios, quienes no encuentran los adecuados servicios de la prestación de éstos, que conduzcan a satisfacer sus demandas para mejorar su bienestar en su salud. Son reiteradas las quejas de los pacientes que acuden a dichas instituciones para que les autoricen una atención médica adecuada, para que las enfermedades que les aquejan sean atendidas con eficiencia y eficacia por el personal médico. Inclusive si se requieren tratamientos quirúrgicos y el suministro de medicamentos, que actualmente están generando grandes frustraciones a los enfermos, porque les son negadas sus peticiones. Aquí empieza el verdadero viacrucis, porque la negligencia administrativa de estas dependencias se ha vuelto paisaje, ante las deficiencias que se presentan. Este sistema de salud se encuentra asfixiado, con deudas tan grandes e intervenido; necesita recursos.
Por tal motivo, el gobierno nacional promulgó un nuevo Decretazo para reformar el Sistema Nacional de Salud, ante la incertidumbre que presenta el Proyecto de Ley que hace tránsito en la Comisión Séptima del Senado. A través del Decreto 0858 del 30 de julio de 2025, propone implementar el llamado modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, lo cual ha generado una ola de reacciones en el mundo político. Mientras el oficialismo lo respalda, sectores de oposición señalan que se trata de una respuesta al cambio en la Comisión Séptima del Senado, que quedó en manos del liberal Miguel Ángel Pinto y no del Pacto Histórico. En dicho Decretazo, plantea que se deberán participar en las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), colaborar con las entidades territoriales en la atención comunitaria y trabajar en equipo con otros actores del sistema. Ya no serán las únicas articuladoras de la atención, sino agentes de aseguramiento subordinados a una lógica territorial, preventiva y coordinada.
Todo lo anterior, queda muy bien plasmado en el papel. Pero las dificultades son económicas. Ni con la intervención gubernamental que realizó a las EPS, desde hace 18 meses, que las viene quebrando financieramente, porque no les gira los suficientes recursos para atender el creciente gasto en salud. Y ahora, promulgan este esperpento jurídico, sin asignarle recursos, lo cual generan una mayor incertidumbre a las familias colombianas para demandar los servicios de la salud. Estas decisiones improvisadas son resultado de la confrontación política e ideológica que ha impulsado el ejecutivo desde su inicio.
