El ente investigador busca los antecedentes de un polémico contrato por 2.500 millones de pesos firmado por el entonces defensor del Pueblo, Carlos Camargo, con un consorcio del que hacía parte un antiguo compañero de estudios suyos.
El beneficiario del contrato es el consorcio Adalid-Iacom 2021. Adalid es una compañía cuyo fundador es el abogado Andrés Guzmán Caballero, quien fue compañero de estudios de Carlos Camargo en la Universidad Sergio Arboleda.
El abogado Andrés Guzmán Caballero es un experto en seguridad, que hasta hace unos meses fue comisionado de derechos humanos del gobierno de Nayib Bukele, en El Salvador. El gobierno de Bukele no es conocido precisamente por su apego a los derechos humanos.
Además de este contrato de la Defensoría pagado con recursos de un crédito de 18 millones de dólares contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo, Guzmán Caballero fue nombrado por Carlos Camargo en un alto cargo de la institución: La Defensoría delegada para los derechos en los entornos virtuales y la libertad de expresión.
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El contrato cuestionado fue firmado en el año 2021 con el propósito de adquirir una plataforma de análisis forense. De acuerdo con la presentación pública del producto: “el software instalado en las estaciones de informática forense permite analizar interceptaciones telefónicas, videos o fotografías borrosas, recuperar información borrada de cualquier dispositivo computador, celular, cámara, etc., procesar información de un chat en WhatsApp, así como de cualquier red social o página web, analizar imágenes de cámaras de video de vigilancia y revisar cualquier tipo de dispositivo digital”
La revista Cambio investigó el tema y reveló en un artículo que “el Sindicato de defensoras y defensores de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo Sindhep; asegura que el laboratorio viene siendo utilizado para espiar y analizar las comunicaciones de funcionarios –especialmente aquellos sindicalizados– que tienen reparos a la gestión del defensor Carlos Camargo Asís”.
En pocas palabras que la plataforma era usada para chuzadas dentro de la Defensoría y no solamente para las labores de investigación de los defensores públicos.
Camargo negó esto, pero existe un correo interno en donde la encargada del laboratorio forense de la Defensoría, Nancy Judith Albarracín, le ordena a una perita que tramite la consecución de una información requerida por José Palomino, de la Oficina de Control Interno Disciplinario.
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