Con el objetivo de elevar los estándares de seguridad y garantizar el respeto de los derechos laborales en el sector de distribución minorista de combustibles, el Ministerio de Minas y Energía, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, puso en marcha una serie de medidas que intensifican los controles técnicos y operativos en estaciones de servicio de todo el país.
DIARIO DEL HUILA, ECONOMÍA
El Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, puso en marcha una estrategia nacional para reforzar la vigilancia técnica y laboral en las estaciones de servicio minoristas de combustibles líquidos. La medida busca garantizar la seguridad en la operación y el respeto de los derechos laborales en este segmento clave del sector energético.
El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Minas y Energía, anunció un nuevo paquete de medidas orientadas a fortalecer el control técnico y operativo en las estaciones de servicio (EDS) que comercializan combustibles líquidos derivados del petróleo. La iniciativa, oficializada mediante la Circular 40017 del 25 de julio de 2025, se implementará en estrecha coordinación con el Ministerio del Trabajo.
El eje central de esta política es la realización de inspecciones técnicas rigurosas en las EDS operadas por distribuidores minoristas, es decir, aquellos encargados de la venta directa de combustibles al consumidor final. El objetivo es verificar que estos establecimientos cumplan con los parámetros normativos en materia de operación, seguridad y condiciones laborales.
Durante las inspecciones, las autoridades revisarán aspectos como la formación del personal en protocolos operativos y de emergencia, el uso correcto de elementos de protección personal, la implementación de sistemas contra incendios, y la existencia de medidas adecuadas para responder ante incidentes. Estas exigencias buscan minimizar riesgos tanto para los trabajadores como para los usuarios.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, aseguró que se trata de una apuesta decidida por elevar los estándares de calidad y legalidad en este segmento del sector energético. “Estamos intensificando los controles técnicos y operativos en las estaciones de servicio para garantizar la seguridad de los usuarios y el bienestar de los trabajadores. Nuestro compromiso es que estas instalaciones funcionen bajo estrictos estándares legales y técnicos”, expresó.
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Una de las novedades del plan es la articulación directa entre los hallazgos técnicos y el seguimiento laboral. A partir de las inspecciones, el Ministerio del Trabajo analizará si existen posibles irregularidades en la contratación del personal, afiliación a seguridad social o condiciones sanitarias, y de ser así, activará los mecanismos administrativos correspondientes.
Los distribuidores minoristas, foco exclusivo de esta circular, deberán presentar información detallada en un plazo de diez días hábiles desde la notificación oficial. Entre los datos requeridos se incluyen tipos de contratos laborales, número de empleados, niveles de capacitación, condiciones de higiene, afiliación al sistema de seguridad social y la implementación de protocolos de seguridad industrial.
Por su parte, los distribuidores mayoristas —dedicados al suministro de grandes volúmenes a empresas y otras estaciones de servicio— no están cubiertos por esta normativa puntual, dado que operan bajo otro marco regulatorio.
Esta acción se enmarca dentro de un plan integral para garantizar que todas las estaciones de servicio del país operen bajo principios de legalidad, seguridad, formalidad y respeto a los derechos humanos. La intención del Gobierno es avanzar en la transformación técnica del sector y erradicar prácticas laborales informales o deficientes que puedan poner en riesgo a los trabajadores o comprometer la seguridad de las operaciones.
El papel de los distribuidores minoristas es estratégico, pues representan el punto de contacto más directo entre la cadena de abastecimiento de combustibles y la ciudadanía. De ahí la relevancia de que sus operaciones estén bajo una vigilancia estricta, no solo en lo técnico, sino también en lo laboral.
Con esta iniciativa, el Estado colombiano busca consolidar un sistema de distribución de combustibles más seguro, eficiente y justo, donde la legalidad y la responsabilidad social sean los pilares fundamentales. Se espera que los resultados de esta intervención también sirvan para orientar futuras políticas públicas en el sector.
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