Por: Johan Steed Ortiz Fernández
El arroz no es solo un cultivo: es el alimento que llega todos los días a la mesa de millones de familias colombianas. Está en el almuerzo del obrero, en el tazón del niño que va a la escuela, en la olla del comedor comunitario. Por eso, cuando los arroceros paran, no es un capricho sectorial: es una alerta nacional.
En los últimos 15 años hemos visto múltiples levantamientos del sector arrocero: paros en 2013, 2016, 2021, 2023 y ahora en 2025. Todos con la misma historia: promesas gubernamentales que se firman en caliente y se olvidan en frío. A los agricultores se les invita a levantar los bloqueos, pero el Gobierno no levanta la pluma para cumplirles.
En el Huila, la situación es crítica. Somos el cuarto productor nacional, con más de 31.000 hectáreas sembradas, 7.000 familias vinculadas directamente, y miles de empleos indirectos en la cadena. El arroz representa más del 11 % de la producción del país. Pero hoy los costos superan los $200.000 por carga, mientras el precio de compra ha caído por debajo de los $180.000. Es decir, producir arroz es perder plata.
Lo más grave es que el Gobierno del cambio no puede alegar desconocimiento. Quienes hoy gobiernan caminaron las trochas del campo en campaña. Hoy que tienen el poder, parecen haber olvidado el camino de regreso.
Las causas de esta crisis son estructurales y bien conocidas: el contrabando y dumping: arroz importado que entra sin control desde Ecuador y Perú; el TLC con Estados Unidos, que en 2030 eliminará los aranceles para el arroz nacional, ese día si no se actúa, firmaremos el acta de defunción de este cultivo; el alto costo de los insumos y la desprotección, mientas los países desarrollados subsidian su agricultura, en Colombia producimos a perdida; la ausencia de subsidios reales; la falta de distritos de riego, vías terciarias, sin centros de acopio ni almacenamiento regulador. Todo conspira contra el productor.
Y mientras los campesinos protestan, muchos se preguntan qué pasó con el famoso molino de arroz prometido para el Huila. Fue anunciado con bombos y platillos, con una inversión inicial de $13.000 millones, y hoy sigue sin avance y ahora se habla de otros $6.000 millones adicionales para viabilizarlo. Ojalá no termine en titulares de prensa y promesas que se diluyen con el tiempo.
La incertidumbre crece, más aún cuando vemos a un gobierno nacional que, en distintas áreas, empieza a recortar recursos. A pesar de este panorama sombrío, es justo reconocer que hay quienes no se rinden. El gobernador Rodrigo Villalba Mosquera ha sostenido una posición firme en defensa del agro huilense. Su plan de desarrollo “Por un Huila Grande” no ha dejado por fuera al arroz, y ha hecho lo que le corresponde: insistir, articular, buscar recursos. Si toca poner más, lo ha dicho con claridad: lo pondrá. El molino no puede quedarse en discurso. Debe ser una herramienta para la competitividad, para estabilizar el mercado, mejorar precios, darle dignidad a los productores y esperanza al campo.
Como salida al paro, el Gobierno Nacional firmó esta semana un acuerdo con siete compromisos: regulación del precio del paddy verde, medidas de defensa comercial, comisión técnica de seguimiento, revisión de la tarifa del agua, diálogo con la UGPP, control a centros de acopio y levantamiento de las protestas. Bien. Pero ahora el reto es que el ejecutivo materialice lo pactado y cumpla.
Porque decir “nunca más bloqueos” suena bien… si se cumplen los acuerdos. Pero si se firman para incumplirlos, entonces lo que se está exigiendo es silencio cómplice, no paz social. El paro se habría evitado si lo firmado en marzo se hubiera ejecutado.
También es importante destacar la labor conciliadora de la Cámara de Comercio del Huila, y en especial de su directora Lina Marcela Carrera, ha tenido una postura responsable y articuladora, buscando soluciones que no sacrifiquen la economía regional ni los derechos de los productores.
Necesitamos más funcionarios así: que escuchen, articulen, y no criminalicen de entrada a quienes protestan. Porque no es un capricho: es hambre, es deuda, es pérdida.
Lo que debe quedar claro es que los arroceros no piden subsidios eternos, piden reglas justas. El arroz no es un lujo: es la base del 98 % de los almuerzos colombianos. Si se quiebra el campo, se empobrece la ciudad. Si el arroz desaparece, no es solo el campesino quien pierde: perdemos todos.
Las pérdidas para el Huila ya superan los $40.000 millones este año, entre caída de precios, endeudamiento y baja comercialización, Y mientras tanto, en Bogotá se calientan las sillas, pero se enfría el arroz en la olla del hogar más humilde.
Necesitamos una política pública estructural para el arroz: con protección real frente al TLC, con infraestructura de riego, con precios de sustentación, con tecnificación, con financiación, con precios justos. Porque si el arroz cae… lo que sigue es el hambre.
Colombia no puede darse el lujo de perder su soberanía alimentaria. El arroz no puede ser la siguiente víctima de una política económica que privilegia importaciones y castiga al campesino.
El Gobierno tiene hoy una oportunidad: demostrar que el cambio no es discurso, sino decisiones con ejecuciones concretas. Que no le dé la espalda al arroz. Porque el arroz es Colombia.
como diría mi abuela, “lo que no puede faltar en el almuerzo, aunque no haya nada más”. Porque si el arroz desaparece, ¿qué nos queda?
