La Contraloría General de la República presentó un estudio que evidencia profundas fallas estructurales, de planeación y gestión en el uso de los recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR), especialmente en los municipios productores de recursos no renovables.
A pesar de haber recibido cuantiosos fondos durante la bonanza minera y petrolera, el impacto real en calidad de vida y desarrollo sostenible ha sido mínimo.
Según el informe, durante el bienio 2021-2022 se iniciaron 5.426 proyectos de inversión por más de 23,3 billones de pesos, pero al cierre de 2024 solo el 63 % estaban terminados. El sector transporte fue el principal beneficiado con 7 billones de pesos, mientras áreas clave como salud, educación y ambiente fueron relegadas.
El organismo de control señala que más de la mitad de los departamentos concentraron su inversión en infraestructura vial, sin demostrar resultados concretos en reducción de necesidades básicas o crecimiento económico. Muchos de estos proyectos son costosos de mantener y terminan perpetuando desigualdades regionales.
Además, se detectó el uso inadecuado de regalías para cubrir gastos recurrentes, como alimentación y transporte escolar, lo cual está prohibido por la normatividad vigente. En total, 125 proyectos por más de 1,1 billones de pesos fueron destinados a este tipo de gastos, que debían cubrirse con otros recursos.
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Deficiente planificación y falta de capacidad institucional
Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio es la falta de capacidad técnica y administrativa en municipios de categorías 5 y 6, lo que ha comprometido la ejecución de los proyectos. La improvisación, carencia de estudios de diseño, demoras, sobrecostos y proyectos inconclusos han sido recurrentes, debido a una mala planeación y ausencia de articulación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que, aunque rector del sistema, no tiene injerencia directa sobre las decisiones locales.
La falta de coordinación entre el SGR y el Sistema General de Participaciones (SGP) también ha generado duplicidad de gastos, sin lograr avances tangibles en reducción de brechas entre los municipios más ricos y los más vulnerables.
La dependencia fiscal de las regalías y la falta de generación de ingresos propios han llevado a lo que la Contraloría denomina “pereza fiscal”, una actitud rentista que limita la sostenibilidad económica de las regiones.
Transición energética: improvisación y alto riesgo
El informe también alerta sobre los riesgos de un colapso energético si el país no asume con responsabilidad el proceso de transición energética. A partir de 2027, se proyecta una disminución en los ingresos por regalías debido a la descarbonización y al agotamiento de las reservas de hidrocarburos, lo que podría afectar la seguridad energética y la financiación de proyectos sociales.
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