Luego del ataque armado que dejó cuatro personas muertas y dos más heridas en la vereda El Salado, zona rural de La Plata, las autoridades departamentales reaccionaron con un plan de acción enfocado en garantizar la seguridad de la población en el occidente del Huila.
El gobernador Rodrigo Villalba Mosquera lideró un Consejo Extraordinario de Seguridad al que asistieron altos mandos militares y policiales, el alcalde de La Plata, el personero municipal y el secretario de Gobierno departamental, Juan Carlos Casallas. Durante la reunión, se analizaron los hechos y se trazaron medidas inmediatas para contener los efectos de la violencia y prevenir nuevas afectaciones.
Medidas urgentes para proteger a la comunidad
Entre las decisiones tomadas se encuentra el fortalecimiento de la presencia institucional y operativa en la zona. Se ordenó el aumento del pie de fuerza del Ejército y la Policía, la instalación de puestos de control estratégicos en rutas hacia Neiva y el Cauca, así como la intensificación de labores de inteligencia para identificar a los responsables del ataque.
El secretario de Gobierno, Juan Carlos Casallas, indicó que ya fue asignado un fiscal especializado para investigar los hechos, al tiempo que se evalúa la posibilidad de ofrecer recompensas por información que permita capturar a los autores materiales e intelectuales del múltiple homicidio.
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Coordinación institucional y compromiso por la paz
Los funcionarios reiteraron que la estrategia de seguridad va más allá del despliegue de fuerza. También contempla acciones coordinadas con la Fiscalía General de la Nación, operativos focalizados y el seguimiento a las dinámicas de grupos armados ilegales que operan en la zona.
“El mensaje es claro: no vamos a permitir que la violencia se normalice. Estamos actuando con contundencia para restaurar la tranquilidad de La Plata y el occidente del Huila”, afirmó Casallas.
Principales decisiones del Consejo de Seguridad:
- Refuerzo de operaciones: incremento del despliegue de Ejército y Policía en las zonas rurales afectadas.
- Puestos de control: instalación de controles viales en puntos clave para mejorar la vigilancia territorial.
- Cooperación interinstitucional: articulación entre fuerzas del orden, Fiscalía y autoridades civiles para optimizar resultados.
- Investigación judicial: nombramiento de un fiscal especializado para acelerar el esclarecimiento de los hechos.
- Recompensas: análisis de incentivos económicos a ciudadanos que aporten información útil.
Las autoridades departamentales manifestaron que continuarán monitoreando la situación y acompañando a las comunidades, con la intención de hacer frente a los factores que amenazan la estabilidad y la seguridad en el sur del país.
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