Una iniciativa legislativa busca que adolescentes entre los 14 y 17 años que cometan crímenes graves como homicidio, terrorismo o abuso sexual, enfrenten el sistema penal ordinario como si fueran adultos. La propuesta ha generado controversia y debate sobre justicia, prevención y garantías constitucionales.
DIARIO DEL HUILA, POLITICA
Inició la nueva legislatura del Congreso de la República y, con ella, se empiezan a radicar proyectos que buscan transformar aspectos clave del sistema legal y social del país. Uno de los más llamativos es el que propone modificar el régimen de responsabilidad penal para adolescentes entre 14 y 17 años que cometan delitos especialmente graves.
El proyecto fue radicado por congresistas de distintos partidos: Carolina Arbeláez y Luz Ayda Pastrana (Cambio Radical), Piedad Correal y José Octavio Cardona (Liberal), Óscar Villamizar (Centro Democrático) y Miguel Polo Polo (Curul Afro), mostrando un respaldo multipartidista frente a una problemática que, aseguran, se ha salido de control.
¿Qué motivó esta propuesta?
El detonante principal de la iniciativa fue el atentado contra el senador Miguel Uribe el pasado 7 de junio, en el que se confirmó que el sicario era un menor de edad. El hecho generó rechazo nacional y reavivó el debate sobre la instrumentalización de menores por parte de bandas criminales.
Según los ponentes del proyecto, el actual régimen penal juvenil es demasiado permisivo, lo que incentiva a grupos delincuenciales a reclutar menores, sabiendo que las sanciones son menores en comparación con las del sistema penal ordinario.
¿Qué plantea el proyecto?
La propuesta tiene como objetivo que los adolescentes entre 14 y 17 años que cometan delitos catalogados como atroces sean procesados y sancionados bajo las mismas normas que los adultos, respetando siempre las garantías legales y constitucionales.
La norma aplicaría para los siguientes delitos (o su tentativa):
- Genocidio
- Homicidio doloso
- Lesiones personales graves (como pérdida anatómica, deformidad o lesiones con ácido)
- Desaparición forzada
- Secuestro en todas sus modalidades
- Tortura
- Delitos sexuales
- Hurto calificado
- Extorsión
- Terrorismo
- Administración de recursos con fines terroristas
- Uso de objetos peligrosos
- Fabricación y porte de armas de fuego o municiones
- Porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas
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“Hoy los niños están siendo preparados y educados para ser delincuentes. Esto no se trata de ir en contra de la niñez, y mucho menos por falta de oportunidades. El menor que atentó contra Miguel Uribe sí las tuvo, e igualmente decidió delinquir”, aseguró el representante Óscar Villamizar, uno de los autores del proyecto.
Medidas propuestas
Entre los cambios que se contemplan, se establece que:
- Los adolescentes mayores de 16 años responsables de delitos con penas mínimas de seis años de prisión podrán ser privados de la libertad en centros especializados por períodos de uno a cinco años.
- Las sentencias no constituirán antecedentes judiciales, pero sí se registrarán de forma reservada y podrán ser consultadas por autoridades judiciales para valorar antecedentes de conducta y aplicar medidas proporcionales.
- Se propone una articulación de los sistemas de información para consolidar datos sobre criminalidad juvenil, que sirvan para desarrollar políticas criminales más eficaces en este grupo etario.
Una medida que genera debate
Si bien el proyecto ha sido recibido con apoyo por algunos sectores de la opinión pública que reclaman mayor seguridad, también ha sido objeto de críticas por parte de defensores de derechos humanos y organizaciones que trabajan con adolescentes en conflicto con la ley.
Los críticos advierten que el enfoque punitivo no resuelve las causas estructurales de la criminalidad juvenil, como la pobreza, la exclusión social o la falta de oportunidades educativas. También señalan que el juzgamiento de menores como adultos puede contravenir tratados internacionales suscritos por Colombia sobre derechos del niño.
A pesar de ello, los autores del proyecto insisten en que la medida no busca castigar la juventud, sino protegerla de la manipulación de grupos criminales y responder proporcionalmente a la gravedad de los delitos.
Lo que sigue
El proyecto deberá ahora surtir su trámite en las comisiones primeras del Congreso, donde será debatido y podrá ser modificado. La discusión promete ser amplia y polarizada, pues toca un tema sensible que enfrenta seguridad, prevención, derechos y garantías constitucionales.
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