El Gobierno quiere sumar a capos del crimen a la ‘paz total’ con beneficios judiciales, pero la propuesta ya genera un fuerte choque con la Corte Suprema y sectores del Congreso.
DIARIO DEL HUILA, ANALISIS
Un mes después de la polémica aparición pública del presidente Gustavo Petro junto a jefes de temidas bandas criminales en Medellín, el Gobierno Nacional ha revelado el esquema legal con el que pretende sumar a estos actores ilegales a su ambicioso proyecto de ‘paz total’. El plan, liderado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, contempla beneficios como rebajas de penas, reclusión especial, reducción de condenas ya impuestas e incluso la posibilidad de conservar hasta un 12 % de las fortunas adquiridas ilegalmente.
El proyecto, que será radicado este 20 de julio en el Congreso, fue aprobado por mayoría en el Consejo de Política Criminal. Sin embargo, no logró consenso total. La Corte Suprema de Justicia votó en contra, señalando la falta de discusión amplia y advirtiendo que se trata de un tema de alta sensibilidad que debe ser analizado con mayor profundidad.
Montealegre defendió la iniciativa asegurando que no se trata de impunidad, sino de una “tercera vía entre Justicia y Paz y la JEP”, en la que se combina justicia retributiva con restaurativa. “Siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad”, aseguró el ministro, quien también enfatizó que el modelo busca evitar procesos eternos como los que se han visto en experiencias pasadas.
La propuesta incluiría grupos armados ilegales que suman unas 30.000 personas, entre organizaciones insurgentes y de crimen organizado. Aunque el Gobierno insiste en que no se les dará tratamiento político, la iniciativa ha sido duramente cuestionada por acomodarse a intereses específicos de criminales ya condenados, incluidos algunos que compartieron escenario con el presidente en el evento conocido como el “tarimazo” en La Alpujarra.
Uno de los artículos más polémicos establece que quienes hayan cumplido al menos ocho años de prisión o dos quintas partes de su pena, y colaboren con el desmantelamiento de sus estructuras, podrían obtener libertad condicional, siempre que cumplan con los requisitos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esto aplicaría incluso a capos con condenas de más de 30 años que hoy operan desde prisión.
Resistencia desde las cortes y las regiones
La Corte Suprema no es la única institución que ha expresado preocupaciones. En el Consejo de Política Criminal, aunque la Policía votó afirmativamente, existen reportes de inteligencia interna que indican que las bandas continúan manejando negocios multimillonarios desde la cárcel. En Antioquia, por ejemplo, el gobernador Andrés Julián Roldán denunció que organizaciones como ‘la Oficina’ y ‘la Unión’ extorsionan a más de 100 mil comercios, y generan ingresos más altos por el microtráfico local que por el narcotráfico internacional.
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Roldán fue tajante: “La ‘paz total’ ha envalentonado a los bandidos. Les dieron tarima, micrófono y casi que reconocimiento. Esto ni Pablo Escobar lo soñó”, advirtió, señalando además que estas estructuras pueden influir en las elecciones de 2026, debido a su poder en barrios vulnerables.Incluso reincidentes como alias ‘Iván Márquez’ y su ‘Segunda Marquetalia’, que abandonaron el acuerdo de paz de 2016, tendrían una nueva oportunidad de acogerse a penas reducidas bajo el nuevo esquema.
En este modelo, podrían recibir condenas de ocho a diez años, con la posibilidad de libertad condicional en cinco, y en condiciones especiales de reclusión en zonas rurales o centros comunitarios.
El Gobierno también busca incluir en la propuesta a integrantes de la ‘primera línea’, vinculados a hechos violentos durante el estallido social de 2021. Aquellos que hayan cumplido dos años de cárcel podrían salir bajo libertad condicional y acceder a rebajas de condena de hasta el 70 %. Casos como los de alias ‘19’, condenado por tortura y concierto para delinquir, o ‘Epa Colombia’, quien cumple una pena por daños a TransMilenio, podrían verse beneficiados.
¿Pistas abiertas para impunidad?
El artículo que permite a los beneficiarios quedarse con hasta el 12 % de sus bienes ilegales ha sido duramente criticado. El exfiscal Néstor Humberto Martínez alertó que esta disposición es inconstitucional, ya que “todos los patrimonios ilícitos deben ser objeto de extinción de dominio”.
Recordó además que en proyectos anteriores se hablaba de un 6 %, y que duplicar esa cifra constituye una grave forma de lavado de activos legalizado.A nivel internacional, también hay dudas sobre cómo reaccionará Estados Unidos, país que ha perseguido judicialmente a varios de estos capos y que podría cuestionar las nuevas condiciones que ofrece el gobierno colombiano, especialmente en lo referente a la suspensión de extradiciones, como ya ocurrió con alias ‘Mocho Olmedo’ y alias ‘Araña’.
En el plano político, el proyecto ya genera resistencia en el Congreso. Senadores como Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) advierten que no se puede permitir que la justicia se arrodille ante los delincuentes, mientras que desde el Centro Democrático, Hernán Cadavid calificó la iniciativa como una “amnistía prohibida por el derecho internacional”.
Incluso en la Alianza Verde se prevé división: los sectores afines al Gobierno respaldarían el proyecto, mientras otros se abstendrían. El senador Antonio Correa, señalado como posible ponente, anunció que no apoyará la iniciativa y que presentará su propia propuesta alternativa.
El ministro Montealegre, recordado por impulsar propuestas polémicas como la papeleta constituyente para una asamblea nacional, ahora apuesta a que este proyecto represente la consolidación de la ‘paz total’. No obstante, los analistas advierten que el texto podría enfrentar serias dificultades ante la Corte Constitucional, que ya en el pasado tumbó partes de la ley de paz de 2022 y de la Ley de Justicia y Paz del expresidente Álvaro Uribe.
En un contexto político cargado por la campaña electoral de 2026, altos niveles de inseguridad y la pérdida de confianza ciudadana, el futuro del proyecto luce incierto, tanto en el Legislativo como en los estrados judiciales.
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