Desesperado se encuentran los integrantes del gobierno nacional porque no han podido tener los mecanismos legales para sacar de las cárceles a los peores delincuentes que ha tenido el país, que en otrora, generaron zozobra, desolación y muerte a miles de familias colombianas.
Ahora se juega la última carta para sacarlos a la libertad, buscando cumplirles lo prometido en el Pacto de la Picota durante las elecciones que lo llevó a la presidencia de la República. A través del Proyecto de Ley, que presentó el día anterior busca este insano propósito. Todos conocemos que la criminalidad tiene sometido a las dos terceras partes de los municipios colombianos.
El mismo Procurador General de la Nación Gregorio Eljach, ha expresado su rechazo total a este esperpento jurídico, que lesiona la democracia y la justicia colombiana. Ha expresado que sobre la propuesta del gobierno Petro para someter a miembros de bandas criminales con gabelas como penas alternativas de máximo ocho años; es un intento para lograr la paz. Pero ha sido tajante que, en esa búsqueda, no puede traducirse en un relajamiento de la seguridad de la población.
Los criminales deben estar donde la ley ordena: en prisión.Los expertos jurídicos, han coincidido en que la paz se debe buscar al tiempo con la seguridad. Ambas son responsabilidades del Estado con la sociedad. Se debe reforzar primero la seguridad para todas las familias colombianas que se encuentran desprotegidas, ante el avance de los delincuentes que deambulan libremente en las zonas urbanas y rurales del país. Se espera que el Congreso de la República, en su última legislatura, con mucha sabiduría tome la mejor decisión sobre dicha iniciativa gubernamental. No hay derecho, que los integrantes de la primera línea que destruyeron la infraestructura productiva asesinaron a personas inocentes, saquearon establecimientos comerciales, bloquearon vías y destruyeron el transporte público, entre algunos actos terroristas, el gobierno nacional pretenda dejarlos en libertad.
Es absurdo y va contra las instituciones democráticas y la seguridad ciudadana. Igualmente, pretende dejar en libertad a los capos que fueron sacados de la cárcel de Itagüí para posar con el presidente Petro en el Tarimazo del Parque de la Alpujarra en Medellín y que fue rechazado rotundamente por la opinión nacional.Respaldamos cualquier iniciativa del gobierno nacional para buscar la paz total.
Pero no respaldamos que abra a los criminales narcoterroristas, porque se sigue descuidando la seguridad ciudadana por error o por omisión, por ser ambos valores de rango constitucional y un reclamo que se siente en todo el territorio. El gobierno nacional tiene todo el derecho a proponer, pero es el Congreso el que finalmente aprueba y las normas pueden ser demandadas. No creemos que con apenas un proyecto de ley se logre interferir la justicia. Será muy difícil el transito legislativo. Y la Corte Suprema de Justicia, espera su decisión.
